Como en la política normalmente prevalecen
más los intereses que la amistad,
en el caso del gobernador Javier Duarte
de Ochoa a veces se han malentendido
algunas decisiones que el mandatario
veracruzano ha debido tomar aún por
encima de las conveniencias personales
o de grupo de algunos aspirantes priístas
a sucederlo en el 2016.
El distanciamiento más evidente es el
que desde diciembre pasado mantiene el
senador Pepe Yunes Zorrilla con Duarte a
partir de que el jefe del Ejecutivo del estado
envió al Congreso local una iniciativa
de reforma política-electoral para elegir
el año entrante, por única ocasión, a un
gobernador para un mandato bianual con
el propósito de homologar la siguiente
sucesión estatal con la elección de Presidente
de la República en 2018.
Quienes conocen la magnitud del afecto
y aprecio que Duarte le guarda a Yunes
Zorrilla desde que ambos se conocieron
en la campaña electoral del exgobernador
Fidel Herrera Beltrán en 2004, deben
saber también el efecto que en el ánimo
del gobernante debió provocar el domingo
pasado el desplante del senador nativo de
Perote, quien discretamente abandonó el
Teatro del Estado justo cuando el primer
priísta de Veracruz iniciaba su discurso
para clausurar la sesión extraordinaria
del Consejo Político Estatal del PRI.
Versiones van y versiones vienen
acerca de esta diferencia política, que
no personal, entre Pepe Yunes y Duarte.
Una de las más insistentes es que aparte
de la decisión aparentemente ilógica y
absurda de elegir a un gobernador para
un mandato de solo dos años, cuando
bien pudo ser por un régimen de cinco
si la elección local se homologaba con
la federal de 2021, es que el mandatario
lo habría hecho “con dedicatoria” para
un aspirante de su gabinete o del grupo
que desde hace 11 años tomó el poder en
Veracruz con Herrera Beltrán.
Sin embargo, lo que pocos saben –y
seguramente el senador Yunes Zorrilla
podría entenderlo mejor tal como su
homólogo y también aspirante a la gubernatura,
Héctor Yunes Landa, lo habría
asimilado luego de una conversación
privada con Duarte en la Casa Veracruz
a principios de febrero– es que la reforma
constitucional promovida por el jefe del
Ejecutivo del estado sí tendría mucha
lógica política y ninguna “dedicatoria”
especial.
Y es que Duarte es quizá el único gobernador
priísta del país que con mucha
antelación ha venido preparando meticulosamente
su propia sucesión.
Si se mira hacia atrás, se caerá en cuenta
que la primera decisión estratégica
del mandatario veracruzano fue promover
una reforma constitucional para
separar el proceso electoral municipal
de la elección de gobernador en 2016, al
ampliar de tres a cuatro años el periodo
de los ayuntamientos actualmente en
funciones.
De igual manera maniobró para tener
en el Congreso del estado una sobrerrepresentación
del 16 por ciento, la cual
acaba de reducirse a la mitad con la última
reforma electoral federal.
Pero ello todavía le permitió en la
elección de 2013 asegurar la mayoría
calificada en la LXIII Legislatura local
para que le fuese aprobada la reciente
iniciativa para homologar en 2018 los
comicios locales con los federales.
¿Por qué elegir en 2016 a un gobernador
de dos y no de cinco años como
proponían ambos senadores priístas y el
aspirante del PAN, Miguel Ángel Yunes
Linares? La respuesta es bastante lógica:
así como se decidió separar el proceso
electoral municipal por el alto costo político
que le representaba al candidato del
PRI a la gubernatura debido al chantaje
y la presión que ejercían en su contra los
propios grupos priístas –situación que en
2004 y 2010 le complicó sus elecciones a
Herrera Beltrán y a Duarte de Ochoa–,
así, también, ahora se estaría blindando al
próximo candidato tricolor para asegurar
su triunfo en 2016 y en 2018.
Y es que al homologar la elección local
con la federal dentro de tres años estaría
evitándose de facto que la oposición
pudiera aliarse en un solo bloque contra
el PRI en Veracruz, que es, aparte del
Estado de México, la entidad federativa
más deseada por los adversarios del tricolor
donde aún no se da la alternancia
en la gubernatura.
La ecuación política es muy simple:
en 2018 los partidos de derecha y de la
izquierda difícilmente podrán ir aliados
en las elecciones locales porque en el nivel
nacional cada quien postulará a su propio
candidato presidencial, lo que obviamente
les complicará las alianzas estatales.
Por eso, en corto, Javier Duarte suele
expresar que él “es un demócrata, cree en
la alternancia… ¡pero que le pase a otro
pendejo!”, pues evidentemente, tal como
lo hacen también los demás gobernantes
de otros partidos, él está dispuesto a
hacer todo lo que legalmente se le puede
permitir como ciudadano en pleno goce
de sus derechos políticos, para entregarle
el poder a un correligionario, llámese
como se llame.
Y es que su argumento para justificar
su reforma constitucional es entendible:
de qué sirve que el PRI postule a su mejor
candidato si va a contender en un piso
electoralmente disparejo, en condiciones
adversas de alto riesgo.
Por ello, en su lógica política, era indispensable
elegir primero, por única ocasión,
un gobernador de dos años en 2016,
pues ello les facilitaría aparentemente
también conservar el poder en el 2018.
Por lo mientras, como jefe político,
Duarte sigue abonando por la unidad al
interior del PRI. Ya inició acercamientos
con el senador Yunes Landa y está en la
mejor disposición de aclarar malentendidos
con Pepe Yunes, a quien quiere y
aprecia a pesar de sus diferencias.
Hasta ahora ha logrado que ningún
aspirante deserte de las filas priístas.