Cuentan que en una reciente borrachera
con sus amigos en el elitista
Club de Golf de Xalapa –ubicado
en Miradores del Mar, una congregación
del vecino municipio de
Emiliano Zapata–, un alto funcionario
de la Secretaría de Salud del
estado se jactaba de su presunto
sueldo mensual de ¡800 mil pesos
mensuales!, una cifra que, según
se sinceró, nunca se los ganó en 30
días durante el ejercicio de la cirugía
como médico particular.
La versión aparentemente suena
inverosímil, ya que ese ingreso no lo
tiene ni el gobernador Javier Duarte
de Ochoa, pues de acuerdo a la Ley
de Ingresos y Egresos para este año
aprobada por el Congreso local, su
salario mensual es de casi 75 mil
pesos, ubicándose entre los diez
mandatarios estatales que menos
cobran por su función.
En el gobierno del estado de
Veracruz, la percepción de un secretario
de despacho fue fijada para
este ejercicio fiscal en poco más de
60 mil pesos al mes. Pero ese monto
corresponde al sueldo nominal,
pues el ingreso más jugoso de la alta
burocracia es el correspondiente a la
llamada “compensación”, con la cual
se despachan con la cuchara grande.
De ahí que lo presuntamente
dicho por el alto funcionario de la
Secretaría de Salud tenga visos de
verosimilitud. Así lo haya expresado
en estado líquido, sólido, gaseoso o
“pedo”. Y es que casualmente al área
administrativa de esa importante
dependencia del gobierno estatal
fueron reincorporados en octubre
del año anterior la misma pandilla
de ex funcionarios que en 2013
habían sido cesados luego de un millonario
desvío de fondos federales
detectado por la Auditoría Superior
de la Federación en las cuentas públicas
de 2011 y 2012.
Por presiones del sindicato mayoritario,
hace poco más de cinco meses,
el gobernador Duarte de Ochoa
tuvo que sustituir a Juan Antonio
Nemi Dib, porque el exsecretario
de Salud decidió renunciar ante
las presiones de la lideresa sindical
Ángela Soto, con la cual se confrontó
al exhibir y negarse a seguir solapando
sus presuntas corruptelas y
chantajes.
A su salida, Nemi Dib dejó las
bodegas de SESVER repletas de
medicamentos, pues en su administración,
a invitación del gobierno
federal, se realizó a través del IMSS
la compra consolidada de fármacos
y material de curación, lo cual le representó
al gobierno de Veracruz
un ahorro de 70 millones de pesos.
Sin embargo, en los centros hospitalarios
de la entidad sigue existiendo
desabasto de medicamentos
básicos.
A mediados de noviembre de
2014, en su primera comparecencia
ante el Congreso local como secretario
de Salud, Fernando Benítez
Obeso, reconoció que, en efecto,
estaban enfrentando el problema
de no poder distribuir los fármacos
a los diferentes centros médicos, por
lo que analizaban la posibilidad de
concesionar este servicio para garantizar
el abasto de medicamentos
en todo el estado. “Lo que falla es la
distribución. Se instaló el sistema
pero no estamos preparados para
el medio de transporte, ni la forma
de distribuir”, expresó ante los diputados
de la Comisión de Salud de
la LXIII Legislatura de Veracruz.
Por cierto, en esa misma presentación
con motivo de la glosa del cuarto
informe de gobierno del mandatario
Javier Duarte, el nuevo titular de
SESVER, al ser cuestionado por el
diputado Joaquín Guzmán Avilés,
del PAN, sobre las 90 denuncias por
actos de corrupción, venta de plazas
y el robo de medicamentos que un
día antes de su renuncia había expuesto
públicamente su antecesor,
el doctor Benítez Obeso solo reaccionó
a responder escuetamente:
“No las encontramos. Hemos hecho
la búsqueda, he pedido al órgano
interno y la Contraloría general,
ya que referían 90 (denuncias), y
jurídicamente no hay nada, solo denuncias
de trabajadores que tienen
problemas porque faltan y hay que
suspenderlos, pero no hay pruebas.
Ojalá se encontraran, y si es que hay,
se procederá”.
Enfatizó que no se trata de cubrir
a nadie, sino que se trata de llegar a
la realidad y que se castigue a quien
haya cometido una irregularidad;
pero aclaró que él, como médico,
sus decisiones las toma en base a
la “ética”.
Sin embargo, Benítez Obeso está
actualmente copado –¿y también
“copeado”?– por los mismos funcionarios
del área administrativa que a
mediados de esta gestión se vieron
implicados en graves casos de desvío
y malversación de fondos federales.
Por ejemplo, de acuerdo con una
nota difundida por la agencia de
noticias AVC, “el pago irregular de
salarios a funcionarios, así como la
compra indebida de medicamentos
valió que la Auditoría Superior de
la Federación observara el manejo
financiero del Seguro Popular en
el estado por un monto de mil 597
millones 139 mil 600 pesos en el
ejercicio fiscal 2013, sumado a que
tiene que aclarar el manejo de mil
millones más. Lo anterior queda de
manifiesto en la auditoría financiera
13- A-30000-14-0864 GF-878,
practicada al Régimen Estatal de
Protección Social en Salud del estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave
(REPSS)” , que desde el sexenio del
gobernador Fidel Herrera Beltrán
muy explicablemente sigue a cargo
de Leonel Bustos.