Ahora que la Auditoría Superior de
la Federación exhibió al gobierno de
Veracruz con el mayor número de recomendaciones
y observaciones respecto
a la Cuenta Pública 2013, en algunos
círculos políticos y empresariales de
Xalapa comienzan a preguntarse sobre la
responsabilidad compartida del Órgano
de Fiscalización Superior (Orfis) y de la
Contraloría General del Estado (CGE).
El primero por ser un ente auditor
supuestamente “autónomo” que por ley
debió reportar previamente al Congreso
local los daños patrimoniales detectados
por la ASF, y la segunda por tratarse de
una dependencia centralizada del Poder
Ejecutivo cuya función fiscalizadora es
esencialmente “preventiva”.
¿Por qué los veracruzanos hemos tenido
que enterarnos de las millonarias
irregularidades administrativas por conducto
del máximo órgano auditor del país
y no por las instancias locales? ¿El Orfis
y la CGE son instituciones disfuncionales
o los que están fallando son sus titulares
por ineptitud o complicidad? Y es que,
año con año esta situación se ha tornado
recurrente.
En 2005, recién iniciado su sexenio,
cuando comenzaron a filtrarse en los
medios de comunicación los desvíos e
irregularidades de la administración
de su antecesor Miguel Alemán Velazco,
el entonces gobernador Fidel Herrera
empezó a ponderar la desaparición del
Orfis, pues aducía que resultaba sumamente
costoso en comparación con lo
poco que lograba recuperar y reponer
de los daños causados al patrimonio del
estado y municipios.
Inclusive, en plática privada con
algunos comunicadores, Herrera llegó
a comentar que en su opinión resultaba
más conveniente retornar al esquema anterior,
cuando la fiscalización a los entes
públicos se ejercía desde la Contaduría
Mayor de Hacienda del Congreso local.
Sin embargo, quién sabe por qué
nunca procedió a desaparecer al Orfis,
cuya credibilidad también minó paradójicamente
él cuando al término de su
gestión brotaron las corruptelas, fraudes
y saqueos que dejaron en bancarrota
las finanzas del estado, con una deuda
superior a los 80 mil millones de pesos,
oficialmente no reconocida.
El 27 de noviembre de 2013, por ejemplo,
al comparecer ante la Legislatura
local para la glosa del tercer informe del
gobernador Javier Duarte, el entonces
titular de la Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas, Gerardo Buganza
Salmerón, volvió a destapar la cloaca del
régimen fidelista al informar de las acciones
legales que había emprendido la
dependencia a su cargo, pues mencionó
un listado de obras que aún no se habían
concluido desde los desastres naturales
ocurridos en septiembre de 2010 y cuyo
daño patrimonial ascendía a 170 millones
de pesos, razón por la cual, dijo, tuvieron
que presentar 18 denuncias ante la
Procuraduría General de la República.
Buganza Salmerón también aludió a
la rescisión de contratos por más de mil
160 millones de pesos y a la presentación
de denuncias penales ante la PGR contra
58 constructoras por el fraude en que
incurrieron al recibir anticipos de 50 y
hasta 84 por ciento para obras que finalmente
no realizaron, como verbigracia un
puente en el municipio de Martínez de la
Torre que se reportó con un avance físico
del 90 por ciento, pero que jamás se inició,
así como para otras construcciones que
dejaron abandonadas o que simplemente
no existen.
Pero lo expuesto por Buganza ante
los diputados ya había sido informado
públicamente también, desde tres años
antes, por el propio gobernador Duarte,
quien en marzo de 2011 declaró que su administración
investigaba a 156 empresas
constructoras que incumplieron con los
proyectos de obra pública y que habrían
incurrido en daño patrimonial al erario
por más de 900 millones de pesos. Desde
entonces, el mandatario veracruzano
dijo que su gobierno actuaría “con toda
la firmeza y determinación, porque aquí
no hay circunstancias especiales y quien
esté al margen de la legalidad tendrá que
asumir las consecuencias”.
Pero el 11 de marzo de 2014, el presidente
de la Fundación “Mexicanos
Primero”, Claudio X. González Guajardo,
increpó públicamente a la Subsecretaría
de Educación Básica del estado, Xóchitl
Adela Osorio Martínez, sobre las presuntas
irregularidades reportadas también
por la ASF en la aplicación de recursos
federales a la educación en Veracruz durante
los ejercicios fiscales 2010 y 2011.
“Seis mil millones de pesos en dos años.
Maestra Xóchitl: ¿qué haría usted con
6 mil millones de pesos? ¡Maravillas!
¿Verdad? Ni nos imaginamos esa cifra.
Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”,
cuestionó.
Este domingo 1 de marzo, en la cuarta
reunión regional de Alianza Generacional
celebrada en Minatitlán, el senador
priista Héctor Yunes Landa amagó con
ser el primero en exigir cuentas claras una
vez que la ASF concluya el procedimiento
sobre las observaciones efectuadas a la
Cuenta Pública 2013.
“Si en este reporte conclusivo hay
indicios fundados de que funcionarios
del gobierno del estado se comieron algo
de un plato ajeno, exigiremos, en principio,
que lo vomite, para inmediatamente
después demandar sea inhabilitado
como servidor público y puesto tras las
rejas, como castigo y como ejemplo para
quienes tengan la misma tentación de
disponer del dinero público como si fuera
el propio”, advirtió Yunes Landa.
El senador manifestó que los veracruzanos
están hartos del abuso y que éste
solo se desvanecerá con la justa, firme,
rigurosa y ejemplar aplicación de la ley.
Propuso “un manicure permanente” a
los funcionarios con manejo presupuestal.
“No permitamos que les vuelvan a
crecer las uñas que tanto han lastimado a
las arcas públicas de nuestro estado”, dijo
ante la algarabía de cientos de aliancistas
del sur de la entidad.
¿Ahora sí los manicuristas locales –el
auditor general del Orfis y el contralor
del estado– se atreverán a usar sus lijas
y cortauñas? ¿Se los permitirá su verdadero
jefe?