Lo más piadoso sería otorgarles
el beneficio de la duda, pero lo
cierto es que varios de los funcionarios
reincorporados por
el gobernador Javier Duarte a
su gabinete no gozan de mucho
prestigio ni de la credibilidad
suficiente para apuntalar a los
candidatos del PRI a la diputación
federal, los cuales deberán
encarar a una sociedad irritada
y convencer a un electorado
hastiado de tanta corrupción,
impunidad y abusos del poder.
Eso sí, todos tienen fama de
talacheros y operadores electorales,
aunque su reputación
está más devaluada que la mezcla
mexicana de petróleo crudo.
Desde el caso de Pedro Montalvo
Gómez, el desacreditado exdirector
de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) que
en diciembre pasado sustituyó
a Xóchitl Tress en el Instituto
de Espacios Educativos, hasta
Ranulfo Márquez Hernández,
quien acaba de asumir la titularidad
de la Secretaría de Desarrollo
Social del estado pese a
que en pleno proceso electoral
local de 2013 fue destituido e
inhabilitado como delegado de la
Sedesol federal por el escándalo
del “Boca-gate”.
Otro nombramiento polémico
también fue el del exsubsecretario
de Administración y Finanzas,
Gabriel Deantes Ramos,
quien reemplazó al cordobés
Marco Antonio Aguilar Yunes
en la Secretaría de Trabajo, no
obstante que en 2014 fue “cesado”
de manera fulminante por el gobernador
Duarte de la Sefiplan.
Sin embargo, las designaciones
más absurdas se dieron con
el ascenso del doctor Fernando
Benítez Obeso como secretario
de Salud en octubre del año pasado,
tras la abrupta salida de
Juan Antonio Nemi Dib.
Ricardo Sandoval Aguilar y
Jesús Villegas Ríos, a quienes
sus detractores les adjudicaron
el más grande desfalco en la historia
de la Secretaría de Salud
de Veracruz, regresaron a esa
misma dependencia estatal en la
que en marzo de 2013 dejaron un
boquete de más de 204 millones
de pesos tan solo por adeudos a
proveedores.
Ahora su medida inicial fue
despedir en forma ruin a más de
735 trabajadores, sin cumplir la
ley, sin pagarles prestaciones y
provocando un caos operativo al
interior de los servicios de Salud,
independientemente de que tendrán
que pagar las indemnizaciones
a más de 300 trabajadores
que ya interpusieron demandas
laborales. Por supuesto, esas indemnizaciones
las pagarán con
dinero de los veracruzanos.
Este par de individuos es el
mismo que durante su primer
periodo en Sesver, también desde
la Dirección de Administración,
fue señalado de tramar varias
compras que sumaron 18 millones
de pesos en agua pintada de
colores que hicieron pasar como
medicamento para quimioterapia
para los pacientes pediátricos
del Hospital de Oncología. Parte
de los fármacos que lograron
identificarse están en poder del
Ministerio Público. Muchos niños,
en cambio, pudieron haber
muerto porque recibieron agua
inyectada en lugar de medicina.
Sandoval y Villegas son los
mismos que compraron ¡dos
veces! un lote de pruebas rápidas
falsas para detectar VIH-SIDA
por importe de 8 millones de
pesos, sin importarles la vida
de más de 250 mil personas que
pudieron contagiarse debido a
su voracidad.
Se dice que ambos fueron
denunciados, pero su jefe Benítez
Obeso no ha dicho nada
al respecto. Presuntamente los
expedientes siguen abiertos,
tanto en la PGR como en la Auditoría
Superior de la Federación.
¿Llegarán a pisar la cárcel? Este,
como muchos otros casos más,
dependerá del gobernador que
resulte electo para la administración
2016-2018.
Por ahora, algunos proveedores
se quejan de que el señor
Villegas, ¡exdirector de Control
y Evaluación de la Contraloría
General del Estado!, y sus asistentes
Humberto Peña y Antonio
Pineda, les piden supuestamente
“moches” del 20 por ciento para
agilizarles el pago de sus adeudos
y hasta de 28 por ciento para
conseguirles contratos nuevos.
Varios de esos proveedores ya
enviaron escritos a la Oficina del
Gobernador y a la Contraloría
estatal. Pronto podrían trascender
nombres y apellidos. Sin
embargo se duda, ya que en el
pasado varios de esos proveedores
denunciaron a Villegas
ante la Contraloría y no pasó
absolutamente nada.
Es evidente que alguien
muy poderoso lo protege, pues
incluso cuentan que Villegas
habría amenazado al titular del
Orfis, Antonio Portilla, para
que suspendiera las auditorías
en proceso contra sus raterías.
Presuntamente existen grabaciones
de todo eso.
Ahora, de la noche a la mañana,
Villegas y Sandoval incrementaron
ficticiamente la deuda
del Sector Salud de Veracruz
con mil 800 millones de pesos
que nadie se explica de dónde
salieron, lo que ha hecho sospechar
que estarían preparando
la cama para un nuevo desfalco.
No les importa contradecir al
propio secretario de Finanzas y
Planeación del estado, Mauricio
Audirac Murillo, quien al comparecer
ante los diputados locales
el 18 de noviembre pasado dijo
que la deuda de Salud ascendía
a 3 mil millones de pesos.
En cambio, Benítez Obeso, en
su comparecencia ante la Comisión
de Salud al día siguiente de
la presentación del titular de la
Sefiplan, se sacó de la chistera
otra cifra al reconocer que la deuda
de Salud “o los compromisos”
–como él prefirió decirle– es de 4
mil 566 millones de pesos.
¿Quién miente? ¿A quién
creerle? ¿Acaso al secretario de
Salud por aquella conseja popular
de que “los niños y los borrachos
siempre dicen la verdad”?