Hace algunos años egresé de la Licenciatura en Derecho de la Universidad de Xalapa (UX); hoy es un gusto y orgullo que dicha institución se encuentre innovando en el nuevo sistema de justicia penal con el Diplomado en Juicios Orales, donde la calidad de los catedráticos es indiscutible; La UX es una de las únicas instituciones educativas que han implementado la enseñanza del nuevo sistema y que cuenta con salas de juicios orales.
La propia Universidad Veracruzana ha quedado rezagada en el tema, y así la Universidad que dirige el Doctor Carlos García innova una vez más para ofrecer a los jóvenes veracruzanos una educación de calidad que permita prepararse para enfrentar nuevos retos en el ámbito profesional.
Sobre el nuevo sistema de justicia penal que al día de hoy solo opera en cuatro distritos judiciales del estado, hay mucho por aprender y hacer, y desde el ámbito de la educación existe mucho por aportar a las deficiencias que aún existen en el estado, a un año de la implementación de los juicios orales en nuestra entidad.
Uno de los ámbitos en los que se requiere trabajar con dedicación, es en el tema policial, el cual juega un papel esencial en el nuevo sistema; son los policías la madeja de una investigación fuerte, robusta y que significa una imputación procedente, además de una legal detención que permita una justicia parcial y no lo contrario: impunidad.
Lo grave es que pareciera que se está omitiendo un tema de indudable importancia para enfrentar el nuevo sistema, para procurar e impartir justicia, en el que ineludiblemente la formación a los policías es urgente y es que se habla permanentemente del equipamiento, pero no de la preparación en el nuevo ámbito .
¿Dónde están dejando la capacitación a la que obliga el nuevo sistema de justicia penal? Pareciera que existe una omisión del Estado en la inversión para la capacitación de elementos policiacos.
El gobierno de veracruz, a través de la Secretaria de Seguridad Publica del la entidad se enfrenta a dos temas de suma importancia, que son combatir la inseguridad, pero también capacitar a sus policías, porque en cuatro distritos judiciales ya se opera con el nuevo sistema de justicia penal adversarial (juicios orales), donde el trabajo de los elementos policiacos es esencial para una investigación, al ser la primera autoridad encargada de preservar la escena de los hechos donde se cometió un ilícito, de las detenciones, lecturas de derechos, entre otras.
La falta de capacitación de los elementos, como ya ha ocurrido en los distritos de Xalapa y córdoba, ha generado situaciones de impunidad, permitiendo que responsables de hechos delictuosos queden en libertad; así la gravedad de la omisión al no capacitar a los policías y sus jefes, tratándose de un problema que pudiera agravarse si no se pone atención en ello.
El Código Nacional de Procedimientos Penales precisa, en su artículo 105, que dentro de los sujetos del procedimiento penal se encuentra la policía, mientras el artículo 132 constituye las obligaciones del Policía, indicándose que éste actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Teniendo como obligaciones, recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser constitutivos de delito e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de las diligencias practicadas; recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlo del conocimiento del Ministerio Público a efecto de que éste coordine la investigación; realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga.
El nuevo sistema busca impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores, especialmente estará obligada a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos de los gobernados, a quienes tienen la obligación de proteger; actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos.
Recolectar y resguardar objetos relacionados con la investigación de los delitos; entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la investigación; informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; emitir el informe policial y demás documentos de conformidad con las disposiciones aplicables, entre otros.
Y la pregunta es ¿Ya están capacitados para ello? O es que quizás ¿las autoridades ignoran lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales?

@magzamu