Las figuras penales del arraigo y de testigos protegidos se convirtieron en un bumerang que alcanzó demasiado pronto a los intereses políticos de sus hacedores, y ahora éstos a punto están de emplazar al Congreso de la Unión a que deshaga el entuerto, volviendo a reformar la Constitución.
Hay un refrán que dice que peca igual el que agarra la pata como que el que mata la vaca. Se estaría cumpliendo a cabalidad, porque ahora es el PRI el que ha enfocado las baterías para que, próximamente, el Congreso se perfile hacia la eliminación de aquellas dos figuras penales que, junto con Acción Nacional en la LX Legislatura, insertaron en el derecho penal mexicano, a contrapelo de críticos de dentro y fuera del país.
En 2008, cuando el avión de Felipe Calderón apenas despegaba en la pista de la guerra contra el crimen organizado, un argumento del entonces presidente hizo eco con prontitud en las bancadas del PRI de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
“No hay que ser un especialista en estos menesteres para afirmar categóricamente que en este país nadie está satisfecho con el sistema de justicia. Que urge, como lo hemos llamado, una modificación sustantiva de hondo calado, de transformación profunda de un sistema jurídico que acusa obsolescencia por haber estado en vigor durante décadas”.
Pues sí, era un priísta quien decía lo anterior en la tribuna de San Lázaro el día en que fue aprobada la Constitución para insertar las figuras penales aquellas (26 de febrero del 2008). Pero no cualquier priísta. Y éste era nada menos que el diputado federal César Camacho Quiroz; el actual presidente nacional del PRI.
Especialistas del derecho constitucional y penal habían criticado severamente al PRI y al PAN por haber insertado en las leyes las figuras de marras. Mediante el arraigo, el Ministerio Público tenía más tiempo para investigar a los presuntos delincuentes. Y ello, desde la óptica de los derechos humanos, no era otra cosa que la aplicación arbitraria de la ley, porque prevalecía sobre la presunción de inocencia la presunción de culpabilidad. Y no sólo eso: el arraigamiento de una persona, lo ponía en riesgo de ser sometido a mayores dosis de tortura y a la degradación extrema de su condición humana, en manos de los cuerpos coercitivos del Estado mexicano, como son las policías, el ejército y la marina. Y con los testigos protegidos podían cometerse injusticias sin nombre.
Bonito discurso el de César Camacho Quiroz, aquel día. El curulerío priísta se lo festejaba. El actual líder nacional del PRI decía: “Durante muchos años parece que el debate se ha centrado entre la imposición severa, rígida de un estado de derecho acartonado o el impulso de un régimen de garantías ciudadanas. Mientras el estado de derecho pugna por el establecimiento, por el mantenimiento del orden, el régimen de garantías ciudadanas se preocupa por la libertad. Falso dilema si pretendemos o alguien sugiere que escojamos entre orden y libertades. Nuestra obligación jurídica y de ética política es asegurar el orden, condición sine qua non para el crecimiento, sin lesionar un ápice el régimen de libertades que tanto ha costado a tantos”.
Y fue entonces cuando apostilló, en alusión a las figuras que estaban a punto de insertar en la ley: “Hay algunos fundamentalistas de todo signo político que suponen que esta ecuación siempre es de aquellas que suman cero: más orden, menos libertad y viceversa. Es la convicción de los diputados y diputadas del PRI que la libertad y el orden no sólo son compatibles sino mutuamente complementarios. Es más, son condiciones de los regímenes democráticos modernos. Sí. Dotar de más y mejores herramientas (sic) al Estado mexicano en el ámbito federal y del fueron común, sin nunca atropellar las libertades de las personas”.
Aquella vez, a contrapelo de los discursos del PRI y el PAN, el PRD juraba que, con la reforma en cierne, estarían acercando al país a los acantilados del autoritarismo.
Javier González Garza, del PRD, decía que la reforma, además de anticonstitucional, iba a regresar a México a los tiempos de la Inquisición. Y precisaba: “Quiero referirme al arraigo, a esa cárcel preventiva que se llama arraigo. Ese tema es un tema anticonstitucional. Es un tema en donde de pronto a alguien lo toman preso para saber si va a ser preso o no. Ese es un asunto absolutamente anticonstitucional y ya está aprobado”.
Sí. Fue aprobado entonces por el PRI y PAN, como también en el Senado en los Congresos estatales, y publicado por Felipe Calderón Hinojosa en el Diario Oficial de la Federación tres meses después, para su entrada en vigor.
No imaginaron sus hacedores que la ley era tan brava que iba a morder incluso a los de casa. Un grupo de militares de altísimo rango, como el general Tomás Ángeles, fue sometido a arraigo y a testificación protegida, y acusados de tener nexos con el narcotráfico. El PRI reculó. El titular de la PGR ha dicho que las pruebas no son sólidas. Y por la importancia política que el ejército tiene sin duda para el nuevo gobierno, no sólo estarán fuera pronto, sino que será el caso un motivo para revisar legislativamente la reforma penal de 2008.