Desde lo alto de su investidura de presidente de la Cámara de Diputados, el diputado federal del PRI Francisco Arroyo Vieyra presentó el pasado día 3 una iniciativa de reforma al Artículo 1° Constitucional, en la que ha planteado que cuando ocurran interpretaciones jurídicas contradictorias en la materia de los derechos humanos, sean los principios de la Constitución los que prevalezcan sobre los Tratados Internacionales que ha firmado México.
La aparición súbita de la iniciativa de marras causó el estruendo de un trueno a mitad de un cielo totalmente escampado. O, también, fue como un chirrido escapado del concierto de acuerdos y melosidades en los que hoy enfrascados están, todavía, los partidos políticos con el nuevo gobierno.
El Primero Constitucional consta de dos párrafos y su texto está dedicado al reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que estén en territorio mexicano.
Reza así el segundo párrafo: “Las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
En estos días, estudiosos universitarios del derecho constitucional y legisladores opuestos al PRI han opinado que este segundo párrafo, así como está escrito, ha significado “uno de los avances más relevantes” en la defensa y robustecimiento de los derechos humanos en México, porque ha permitido que la interpretación para la justicia se nutra ahora de lo más sustantivo del derecho positivo nacional e internacional. Ni más ni menos fue una de las reformas históricas que lograron cuajar los diputados y senadores de la LXI Legislatura, cuando modificaron la Constitución y crearon la nueva Ley General de los Derechos Humanos, en 2011.
Arroyo Vieyra, sin embargo, ha planteado que a ese segundo párrafo se le inserte lo siguiente: “De existir una contradicción de principios entre esta Constitución y los Tratados Internacionales de los que México sea parte, deberá prevalecer el texto constitucional”. De inmediato respingaron cientos de organizaciones no gubernamentales que metidas están en el ajo de los derechos humanos, porque suponen que esto es un aviso del autoritarismo que procurará imponer el nuevo gobierno federal, y porque creen que Arroyo sólo es un personero de ese sector del PRI, ahora de regreso en el poder, que siempre ha simpatizado con la fuerza, el autoritarismo y la represión.
De tal tamaño fue la reacción de quienes se oponen, que el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que salir a defenderse en dos bandas: en una, declarando que “no es un capricho personal”, sino resultado de pláticas que ha sostenido con jueces y administradores de la justicia en el país. Y en otra, de plano tirando el arpa, diciendo que si bien presentó él la iniciativa no será él quien la defienda…
Pero, ojo, a pesar de que reaccionó como pollo quemado, Francisco Agustín Arroyo Vieyra no ha hecho el menor intento por retirar su iniciativa, que allí, en el umbral del proceso legislativo, dejó sembrada para que, en otra ocasión, acaso otro alfil del grupo político que llegó al poder la continuase.
Esto es lo que escuece, precisamente, a la gente que critica el accionar del priísta, porque presumen que el PRI ha considerado, en su proceso de acomodamiento en el poder, sacudirse a los Tratados Internacionales en la materia de los derechos humanos. Tendría sus motivos el PRI. Para ejemplo, uno: el Caso Rosendo Radilla Pacheco, aquel campesino que fue desaparecido por soldados mexicanos en 1974, en una comunidad del estado de Guerrero. Una desaparición a manos de funcionarios públicos que fue comprobada y juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado mexicano, juzgó la CIDH, “incurrió en una demora injustificada en las investigaciones por la desaparición, localización e identificación de los probables responsables de la desaparición de Rosendo Padilla”. Ha sido, la del Caso Radilla, una de las condenas al Estado mexicano más sonadas. Y lo que el PRI pretendería con el accionar legislativo de Arroyo Vieyra es, precisamente, escapar de los juzgamientos internacionales, ahora en que el ejército continúa en las calles, y cuando las policías están bajo la égida de la Secretaría de Gobernación, la dependencia encargada de la política interior del país. Después de la irrupción con su iniciativa, Arroyo Vieyra declaraba en el siguiente tono, desde diversas tribunas y momentos: No voy a volver a mover un dedo para apoyar esta reforma dado que soy presidente de la Cámara y debatiré los pro y contra una vez que deje de serlo. Pero pienso reunirme con ellos, los que no están de acuerdo, que no fue una ocurrencia perversa, que no soy un representante horrible de un viejo régimen autoritario que nadie desea, que tampoco se trata de un recado del régimen actual”.
Pues sí, eso decía. Pero sin retirarla.