La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández se reunió con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y su foto fue difundida en algunos medios de comunicación, y con selectos comunicadores, en una aparente política informativa de exclusividad.

Este martes una foto da cuenta en un portal informativo de la visita que la nueva funcionaria le hace al Fiscal, en la ciudad de México, y donde a decir de las cortas líneas, solo fue para prometerle que trabajarán coordinadamente.

En algo que se ha repetido al cansancio, el asunto de este encuentro representa mucho más de fondo, se trata no solo de una simple reunión entre la responsable de la administración e impartición de justicia en Veracruz sino del alto grado del compromiso que significa haber llegado a este encargo y los pendientes, muchos, por los que se supone entró al relevo.

Por un lado, el tema político, luego que ya no se trata de una autoridad ajena al sistema de gobierno que encabeza el titular del Poder Ejecutivo. Y como es sabido, con quien no encajaba el depuesto fiscal, Jorge Wincker Ortiz. La coordinación por parte de la Fiscalía con las autoridades estatales ya no debe generar duda, sino debe ser una obligación.

En este mismo tenor, se encuentran las múltiples denuncias presentadas contra las pasadas administraciones. Principalmente del gobierno anterior, puesto que con información de la Legislatura y el Organo de Fiscalización, además de Contralorías, se han presentado demandas por desvíos y mal uso de recursos en las distintas secretarías y dependencias de quienes fungieron en el gobierno yunista.

Pero la mayor responsabilidad es la que tiene enfrente con dos de los casos más dantescos que haya vivido en su historia de violencia Veracruz.

Son dos hechos los más cruentos y escandalosos, después de aquella tarde negra del 20 de septiembre del 2011 cuando en Boca del Río, a unos metros de la plaza comercial más emblemática de la zona conurbada, y a los pies del monumento de los voladores de Papantla, ícono de la cultura totonaca, y por ende del estado veracruzano, un grupo criminal arrojó 35 cuerpos apilados como reses.

Las masacres de Minatitlán, al rafaguear a los asistentes a una fiesta, el 19 de abril de este año, donde murieron 13 personas, y un bebé. Mientras que en Coatzacoalcos, mundialmente difundido el hecho sangriento, incendio provocado y matanza también de otros 30 hombres y mujeres el 27 de agosto, son los dos grandes retos de la actual Fiscal.

El mismo día, unos minutos después de los hechos, el gobernador Cuitláhuac García dijo que no se permitirían que este tipo de atrocidades quedaran impunes. De igual forma que cuatro meses antes ofreció castigo a los responsables por la dantesca acción contra civiles en Minatitlán.

Por eso la nueva Fiscal, netamente salida del equipo que hoy gobierna el estado, sabe que tiene alta responsabilidad en su posición. Y aún cuando claro está, no cuenta con una estructura sólida que haya conformado con anticipación, tiene todo el respaldo de los otros dos poderes para desarrollar lo necesario y emprender una verdadera aplicación de justicia, sobre todo, lo que tanto se ha argumentado, para no permitir la impunidad.

Verónica Hernández ha nombrado en Investigaciones Ministeriales a Marcela Aguilera, quien salvó de su imagen pública haber sido cuestionada a fondo por sus antecedentes, ya sean partidistas, de activismo y como funcionaria. Salvo algunos destellos de críticas por el momento libró ser enjuiciada mediáticamente y parece tener el beneficio de la duda.

Pero es clave en la obligación de atender estos casos, que si bien fueron atraídos por la FGR, la Fiscalía en Veracruz es coadyuvante, y tiene además, un paquete importante de órdenes de aprehensión que resolver. Un ejemplo, es el caso de “La Loca”, que literalmente enloqueció a las corporaciones relacionadas con el caso.

En fin, en manos de Aguilera Landeta y de la propia Verónica Hernández el compromiso de brindar resultados creíbles, inmediatos, que no solo se reducen a estos asuntos, sino a mucho más de la ola de violencia que se vive en diversas partes del estado.

Y ojalá que en su política de comunicación social en la Fiscalía del Estado se deje de lado la exclusividad y no practiquen la difusión en círculos cerrados, como antaño.