Luego del fulminante cese, a principios de junio, de Felipe Vázquez Muñoz como titular de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República –un incondicional de Humberto Castillejos Cervantes, exconsejero jurídico presidencial y uno de los hombres más poderosos en el primer círculo del exmandatario priista Enrique Peña Nieto–, en Veracruz se esperaba que corriera la misma suerte Miguel Ángel Vega García, quien durante ese mismo sexenio estuvo a cargo del Órgano Interno de Control de la SEDESOL y de la SEDATU al lado de Rosario Robles, y quien desde febrero pasado viene despachando como director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado en el gobierno del morenista Cuitláhuac García.

La deducción tenía lógica porque días antes, en una de sus conferencias de prensa en Palacio Nacional, al preguntársele que si algunos exfuncionarios implicados en el megafraude imputado a la administración de Robles Berlanga en ambas dependencias federales podrían colaborar en su régimen, López Obrador respondió tajante que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa Maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”

En Veracruz, sin embargo, sus aliados y correligionarios desoyeron al tabasqueño.

Quizá se confiaron porque en los siguientes dos meses todo parecía indicar que se daría carpetazo a este escandaloso caso de corrupción, tras los amparos obtenidos por algunos exfuncionarios menores implicados.

Sin embargo, a principios de mayo, el fiscal general Alejandro Gertz Manero salió a declarar que la FGR había decidido reestructurar la investigación de la llamada “Estafa Maestra” por considerarla una maquinación orquestada desde el poder público, puntualizando que la indagatoria ahora sería planteada por delitos de Estado y delincuencia organizada.

“La FGR está reestructurando toda la investigación general de este asunto, a partir de una premisa lógica que consiste en que toda esa maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones, que cuantificó un posible daño patrimonial a la Nación por más de 5 mil 875 millones de pesos, no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros”, dijo entonces el titular de la FGR, quien recordó que este caso se inició en la entonces Procuraduría General de la República en octubre de 2015, acumulando 21 investigaciones independientes unas de otras, relacionadas con funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social; dos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y otras de dirigentes de universidades públicas.

Este martes, a través de un escrito difundido en su cuenta de Twitter, Rosario Robles confirmó que fue citada a comparecer el 8 de agosto próximo ante un Juzgado federal para que responda a la acusación que le hace la FGR por ejercicio indebido del servicio público.

Al respecto, el presidente López Obrador reiteró ayer que no solaparán actos de corrupción y que tampoco habrá impunidad.

¿Llegarán hasta el principal encubridor de la “Estafa Maestra”, protegido en Veracruz?