A finales de agosto de 2018, a escasos tres meses de que concluyera la administración del gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, el monto real de la deuda pública estatal constituía un mito que ni la Comisión de la Verdad creada exprofeso por la LXIV Legislatura saliente había logrado clarificar.

Ante esta falta de transparencia, el entonces gobernador electo Cuitláhuac García hizo una declaración tronante, al expresar que la reestructuración de la deuda resultó mala para el estado pero benéfica para quien la realizó, por lo que anticipó que sería revisado el proceso de renegociación, ya que le habría generado una presunta ganancia de ¡900 millones de pesos! a quien la operó.

Este martes, García Jiménez y su secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, informaron oficialmente que la deuda pública de Veracruz asciende a 41 mil 769 millones de pesos.

Se presume que la opacidad de Yunes obedecía a su perverso plan de reestructurar la deuda por negocio, para lo cual habría contado con la asesoría de Jesús Villalobos, su exoperador financiero en el ISSSTE.

Y es que ha quedado al descubierto que la reestructura de Yunes no fue transparente, pues se realizó por medio de un fideicomiso que no daba confianza a los bancos para participar.

Al no contar con un marco de libre competencia las sobretasas fueron sumamente elevadas, por lo que dicho esquema de pago (amortización) amenazaba con castigar severamente las finanzas de la siguiente administración estatal.

¿Por qué Yunes habría apostado por un esquema de pagos asfixiante, si estaba muy seguro de que su primogénito lo sucedería en el poder? Porque las reestructuras son un negociazo. De hecho, la contratación de despachos en el yunismo fue la más cara de la historia de Veracruz, por lo que se presume que el exmandatario panista quería que su hijo volviera a reestructurar a costa de los veracruzanos.

Al día de hoy se desconoce la cifra exacta del monto millonario que Yunes pagó por la reestructura del 2017. Lo único cierto es que sus intenciones nunca fueron sanear las finanzas, sino hacer negocio.

 Y es que los plazos de pago que Yunes reestructuró son variados y van de los 15 a los 30 años, teniendo un plazo de pago promedio de 21 años y medio.

La reestructura de Yunes solicitó un mil millones más de deuda para el pago de servicios, heredando al gobierno de García Jiménez condiciones sumamente complicadas que comprometieron en un nivel muy alto los recursos con los que el estado cuenta cada año.

El esquema de pagos pactado de la deuda vigente asfixian las finanzas públicas de la actual administración, vulnerando la inversión de recursos orientados a dinamizar la economía del estado y mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos.

En resumen: de continuar así, habrá menos obras, menos oportunidades y menos competitividad para Veracruz. La decisión la tiene el Congreso local.