Aunque evadió dar nombres y apellidos de los miembros de una “familia política” de Pánuco a los que vinculó con el Grupo Sombra, una célula criminal que opera en los límites de Veracruz y Tamaulipas, el gobernador Cuitláhuac García está obligado a actuar luego de haber hecho este serio señalamiento, pues de lo contrario incurriría en inclumpimiento de un deber legal.

Lo más grave de este problema es que como él mismo también lo señaló, pareciera que “a propósito” la Fiscalía General del Estado –que es un órgano constitucionalmente autónomo, razón por la que ni el Jefe del Ejecutivo ni los diputados locales de Morena han podido destituir todavía a su titular, el abogado yunista Jorge Winckler– “integra mal las carpetas” porque el fiscal está ligado al mismo grupo político que García Jiménez vincula con la mencionada organización delictiva.

“No voy a dar nombres, pero el fiscal lo sabe y por eso arma estas carpetas endebles y los libera”, declaró García Jiménez, quien además expresó que sospechosamente Winckler Ortiz tampoco ha solicitado aún orden de aprehensión en contra de Jesús Tomás Alvarado Chávez, (a) El Lagarto, principal implicado en la masacre de 13 personas en Minatitlán ocurrida a mediados de abril pasado. Y es que este presunto cabecilla del CJNG en el sur de Veracruz, fue detenido por fuerzas policiacas federales y estatales hace un par de meses en Campeche pero por otros delitos.

Como se abstuvo de identificar a la “familia política” de Pánuco, los reporteros que lo entrevistaron este lunes durante la puesta en marcha del operativo vacacional de verano le preguntaron al mandatario veracruzano si se refería a los García Escalante, a los que paradójicamente el jefe político del fiscal Winckler, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, vinculó también con la delincuencia organizada durante un acto de su campaña en el norte de Veracruz, pero con los cuales el panista terminó aliándose al inicio de su mandato.

Y es que en mayo de 2016, a menos de dos meses de la elección, Yunes arremetió en contra de Ricardo García Guzmán, a la sazón titular de la Contraloría General del Estado, y de sus hijos, criticándolos por sus complicidades con el todavía gobernador en funciones, Javier Duarte, y casualmente también por sus vínculos con el crimen organizado: “No se conforman, quieren también tener diputado, papá ‘tapadera’ el contralor, presidente municipal, hermano, robándose el dinero de los panuquenses y aliado de la delincuencia, hoy quiere a un diputado local para que lo siga tapando.”

Inclusive todavía se atrevió a advertirles: “¡Se les acabó la fiesta señores Guzmán, van a perder porque ya no los queremos aquí!”.

Pero ahora, según Cuitláhuac, el fiscal que le heredó Yunes es la “tapadera” de esa familia política presuntamente vinculada al Grupo Sombra.

Ante esta situación y por tratarse de un presumible caso de delincuencia organizada… ¿no debería el gobernador recurrir a la Fiscalía General de la República? Es pregunta.