Esta semana, de manera coincidente, hubo señalamientos graves en contra de los titulares de dos organismos creados para prever y combatir de manera frontal la corrupción en las instituciones públicas del estado, lo que obviamente ha hecho dudar si la lucha contra este cáncer gubernamental de veras es en serio.

Y es que este miércoles, por ejemplo, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, desacreditó públicamente al Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, al señalar que “no tiene calidad moral porque él mismo permitió ser nombrado mediante un proceso viciado en el Congreso de Veracruz”.

La respuesta de Cisneros se derivó casualmente por las declaraciones del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, al anunciar que investiga al gobernador Cuitláhuac García, a la contralora Leslie Garibo Puga y al subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, por el supuesto caso de nepotismo en la Sefiplan.

Además de acusarlo de carecer de ética, al señalar que Marcos Even fue quien trianguló y negoció con exfuncionarios duartistas para que entregaran a los yunistas los bienes y recursos públicos que saquearon a cambio de impunidad –“muestra de ello es que ningún duartista está en la cárcel”, señaló Cisneros– el secretario de Gobierno dijo que en lugar de estar buscando “chivos expiatorios” para distraer a la opinión pública con mentiras, el Fiscal Especializado debería investigar los actos de corrupción documentados al interior de la Fiscalía General del Estado.

“Ustedes recordarán la denuncia en contra de la Oficial Mayor, Gabriela Mercedes Reva Hayón, señalada por irregularidades cometidas con vales de gasolina, viáticos y rentas millonarias de camionetas de la Fiscalía General del Estado, y la del Director General de la Policía Ministerial, Jorge Arturo Rodríguez Poucheta”, refirió.

Pero el Fiscal Especializado, Even Torres, no fue el único desacreditado. Dos días antes, el lunes 1 de julio, el diario capitalino El Universal y la agencia española de noticias EFE publicaron una amplia nota sobre las irregularidades y abusos que una auditoría oficial detectó en 2018 a los miembros del flamante Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción, destacándose asignaciones ilegales de contratos, impago de impuestos y reclasificación de cargos para obtener mejores salarios.

Y ahora resulta que Sergio Vázquez Jiménez, quien fungió como presidente del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción durante su primer año de funciones, aspira a ser el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) del Estado, que será designado por el Congreso Local en octubre próximo.

Pero, Vázquez Jiménez le heredó la presidencia del Comité Ciudadano del Sistema Anticorrupción a su cómplice José Emilio Cárdenas Escobosa, quien en el sexenio del exgobernador Javier Duarte fue cercano colaborador de Tomás Ruiz González en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, el cual, después de renunciar a la Sefiplan en 2012 regresó al final de la administración duartista a la SIOP, donde fue pieza clave para entregarle al empresario Carlos Slim el túnel sumergido de Coatzacoalcos en condiciones ventajosas para el multimillonario.