El titular de la secretaría de Educación en Veracruz ha revelado que producto de lo recaudado –algo no oficial-  por las cuotas impuestas a las llamadas “cooperativas escolares”  las tiendas de alimentos que se ubican en las escuelas, claro las que tienen una matrícula considerable de alumnos, no fue utilizado para la adquisición de equipo y mantenimiento de infraestructura como está establecido.

Y es que de acuerdo al funcionario se trata de un registro de 2 mil 980 escuelas en el estado, de las que afirma, sólo de 890 tienen información sin que estén regularizadas y del resto se desconoce totalmente. Acusa que fueron directores de planteles, supervisores y jefes de sector los que no reportaron esos ingresos.

Pero en realidad, su información es confusa y a medias. O hasta se podría deducir que se trata de “aventar” la pelotita, porque en realidad sí existe una cuenta donde se debieron depositar esos recursos, y si el Secretario se refiere a lo del año pasado, la cuenta bancaria a nombre de la SEV existe y efectivamente han incurrido en malos manejos, pero no exclusivamente en la administración anterior.

Para explicar este asunto, se debe decir que existen datos fehacientes por ejemplo de la Cuenta Pública 2017, que presenta serias anomalías, tan solo durante el 40 por ciento de su ejercicio, y de la que resultaron implicaciones para ex funcionarios del ramo educativo en ese año, el primero de la administración de Yunes, por la malversación que podría llegar a los 145 millones 262 mil 711 pesos.

Según el expediente de denuncias por los malos manejos cometidos en el pasado gobierno, se involucra al ex titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, al ex Oficial Mayor, Abel Ignacio Cuevas Melo, a la ex directora de Recursos Financieros, Ana María Ponce Jacobo, y a la ex titular de Contabilidad y Control Presupuestal, María Enriqueta Sarabia Ramírez.

Se trata de una cuenta que no es parte del manejo contable autorizado para la dependencia. Bajo el fondo denominado Ingresos propios dicho apartado ha carecido de una normatividad interna para su manejo que forman parte de un cobro, llamado cuota, de recursos por servicios educativos y administrativos que presentan las escuelas, eso sí, la Cuenta a nombre de la Secretaría de Educación.

La operación de ese dinero, que sumaron al menos en el 2017 los más de 145 millones de pesos, y no 102 de los que habla Zenyazen,  durante años no han sido registrados contablemente, ni contemplados en los estados financieros, sin que estos pasen o se de cuenta a la Oficina Virtual de Haciendo, OVH, tampoco a la Secretaría de Finanzas, por lo que se podría configurar evasión de impuestos estatales.

Lo que deja entrever la ilegalidad es que para la conformación de dicha cuenta, no existen evidencias de la recaudación de esos recursos ni una figura que ampare o valide las concesiones de tiendas para la venta de alimentos dentro del sistema educativo estatal, ni la existencia de una estructura con la que físicamente se tenga en cada plantel educativo con una tienda de este tipo.

Es sabido que las cooperativas escolares existen en la mayoría de los planteles con una matrícula importante, pero no hay nada regulado al momento. Por lo que esa cantidad de la que habla el secretario de Educación seguramente se refiere a lo que ahora han dejado de aportar los directivos de escuelas.

En tanto, según las revisiones hechas de la cuenta 2017 y cuyos números son similares a los del año pasado, se utilizaba, según esto, para pagos mensuales de “gratificaciones” y “remuneraciones especiales” que entonces significó una derogación de 14 millones 974 mil pesos. Dichos pagos se hacían presuntamente al personal administrativo, autorizado por la Oficialía Mayor, sin ninguna justificación ni soporte legal.

Se sabe que de la misma cuenta se hicieron adjudicaciones directas del orden de los 38 millones 141 mil pesos sin licitación de por medio.

Por si fuera poco, trascendió que aún ya terminada la administración quien fungía como director de Adquisiciones y Arrendamiento de Inmuebles de la citada dependencia, Roberto Santamaría Pérez, no presentó documentación alguna.

ZENYAZEN, IGUAL QUE LOS QUE SE FUERON

Y es que seguramente el funcionario estatal no dio más detalles por una sencilla razón. Se sabe de fuente altamente confiable, que esto mismo que hoy denuncia el flamante secretario, es lo mismo que durante los primeros meses de esta administración se negó a dejar de hacer con esa “partida secreta”.

El manejo de esos millones de pesos que se tenían fue exactamente igual  a lo que se venía haciendo en el gobierno panista. Y si bien se canceló, como él mismo señala, la asignación de “concesiones” de las cooperativas, a través del servicio de alimentos y bebidas,  un recurso anterior ya había entrado a la cuenta y se daba un manejo discrecional al mismo, porque de comprobarse ello y ante una investigación a fondo, habrían incurrido en el mismo delito que está acusando, el mal manejo de recursos.