Parece que las cosas se han tornado más que difíciles para  quienes encabezaron la pasada administración, salvo que en la Fiscalía General de la República no le dan valor a las cuatro denuncias que presentó el Organo de Fiscalización Superior de Veracruz, y que desestimen la información allí vertida sobre los malos manejos de los recursos en la administración 2017 o 2018.

Y lo que más llamó la atención son dos razones en torno a Miguel Ángel Yunes Linares, tras las acusaciones del organismo bajo la dirección del Auditor General, Lorenzo Antonio Portilla.

Por un lado, como bien señala el ex gobernador, si hace seis meses que se mantiene fuera del estado, -dando el mensaje que se encuentra en autoexilio voluntario- es extraño que reaccione a esto cuando no lo había hecho en todo ese tiempo donde ha recibido otras acusaciones, y si lo denunciado ayer lo obligó hacerlo es por qué algo le preocupa.

Y por otro, de nada debe inquietarse, si como dice, se trata de una vacilada y señalamientos torpes y falsos.

Deberá entonces actuar la justicia en este caso el Ministerio Público para valorar los fundamentos de la denuncia presentada por el Auditor. Y esperar por ejemplo, si la Auditoría Superior de la Federación reclama alguna actuación por lo que a esa instancia le corresponda en torno a los ejercicios 2017 y 2018.

En el caso de la primera denuncia también existe, ahora por segunda ocasión, una carpeta abierta por el tema de las videocámaras, que mucho se ha dicho fue un engaño para los veracruzanos, según el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez. Lo que llama la atención es que fue precisamente este funcionario y  el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, los que ya habían presentado una querella también en la misma dependencia, por mutuo propio. A ver con cuál se entiende la Justicia.

Ahora bien en torno a la tercera denuncia sobresale que los ex secretarios de Finanzas, Clementina Guerrero y Guillermo Moreno Chazarini, son responsables de una simulación y manipulación de registros contables del gobierno del Estado. En ella se habla de que se realizaron reclasificaciones en la cuenta 11295-5000-0000 denominada “Deudores Sujetos a Resolución Judicial por Cuentas Bancarias” por más de veintisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos.

Según el Orfis estos registros no fueron depurados en la cuenta 2018 cuando ya iban a entregar la administración a fin de conciliar cifras. Y era imperativo pues estas observaciones procedían de la cuenta 2017.

Y es que según se sabe, que es donde estaría lo más grave, estos registros fueron manipulados a fin de conseguir por parte de las calificadoras una calificación estable con un mayor estándar  para el gobierno como sujeto de crédito y así poder lograr la reestructuración.

Se deduce pues con esta información por la que ahora denuncia el Orfis que fue entonces ese movimiento de registros contables alterados por lo que se logró el endeudamiento para poder disponer así de los 30 mil millones de pesos negociados por la administración de Yunes Linares y que mantiene al estado más que empeñado, aunado a la deuda que ya se arrastraba de otros sexenios.

Ahora bien en reciente entrevista se supo que el Auditor habría revelado que de todo esto se encontraban enterados los funcionarios estatales del yunismo y el propio mandatario, y que las denuncias presentadas ahora son con información de la misma administración de esos dos años.