Una vez que ha trascendido la operación de un grupo de supuestos representantes del gobierno federal y estatal, pues en un video que se difundió el 4 de abril a través de la cuenta bajolalupa.com se dice que también son gestores ante dependencias como la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, SIOP, sería un caso muy grave para el gobierno de la Cuarta Transformación que existieran funcionarios de alto nivel en la SCT y otras dependencias vinculados a esta presumible mafia.

En edición por separado del periódico Imagen de Veracruz y en los medios del Corporativo Imagen del Golfo se da cuenta de la red que se ha tejido en torno a la asignación de obras y ofertas de proyectos de obra pública para los ayuntamientos basados en la relación “directa” con el gobierno federal.

Amparados en la supuesta existencia de una asociación de alcaldes de López Obrador, la coordinadora de asesores de la Comisión de Hacienda de Crédito Publico de la Cámara de Diputados y un “delegado” especial en Veracruz por parte del gobierno federal promueven ante los alcaldes la apetitosa red de gestión para todo tipo de millonarios proyectos.

Al menos uno de los involucrados ha sostenido reuniones con alcaldes de la zona Norte y solicitado audiencia a ediles de la zona Centro para presentarles la atractiva y jugosa oferta como muestra el video arriba mencionado en los primeros días de abril con los ediles de esa demarcación.

De igual forma con empresarios dedicados al ramo se han hecho importantes acuerdos al menos en la capital del estado donde les ofrece jugosos paquetes de obras a cambio de lo se conoce como el “moche” del 12 por ciento.

Tal parece que al delegado federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara le están comiendo el mandado desde el altiplano, con algún poderoso funcionario que está protegiendo a estos personajes, de resultar cierto el otorgamiento de proyectos y contratos bajo el enemigo número uno del presidente de la República, y de la Cuarta Transformación, el tan multicitado “moche” está en su apogeo.

El tema además es que la famosa asociación de Alcaldes de López Obrador y que lidera Antonia Romero Pérez según esto no existe. Al menos no hay rastro públicamente. Tampoco se sabe del caso de un “delegado alterno”, como es el cargo que ostenta el ingeniero Roberto Sánchez Migoni.

De esta forma el cuestionamiento es claro. ¿Quién o quienes los protegen? Pues a pesar de ello su cercanía con las autoridades es clara. Han cumplido sus promesas de asignación de contratos y la oferta a los alcaldes es para que con sus proyectos se puedan obtener la aprobación de obras y tras la asignación de las mismas obtengan jugosas comisiones.

Se han otorgado a la fecha al menos 3 paquetes con diversas obras de la secretaría de Comunicaciones y Transportes que en menos de dos meses sumarían –con lo que se sabe viene en camino- 300 millones de pesos.

La próxima lista, de acuerdo a la página de la secretaría de Hacienda, estaría saliendo a licitación el próximo 16 de abril pero ya las obras están adjudicadas por “invitación”.

Alguien pues está traicionando a López Obrador si es que la cruzada contra el moche y la corrupción va en serio. Alguien o algunos podrían ser llamados a cuenta si se decide revisar lo que ocurre con esta nueva “Mafia del poder o del moche” que está operando desde hace algún tiempo, quizá también aprovechando el reacomodo de las instituciones y de sus responsables, a quienes en mucho, se les califica por su desconocimiento en el manejo de las grandes estructuras que conforman al gobierno de este país en sus distintas instancias.

Y es que en otro orden de ideas pero que lleva una tónica similar, son muchas las voces que hablan también en la asignación de la obra pública estatal con cuotas del 15 al 20 por ciento, pero que apuntan a una sola oficina de alta envergadura en la secretaría de Finanzas Y planeación, Sefiplan.

Se le ubica por ampararse en una relación de parentesco y desde donde se dirige todo el tinglado. Nada se mueve si no es por este personaje. Se le ha sañalado de priista y ha incursionado en el PANAL. Con todo, desde esa oficina subsecretarial, para repartir el pastel.

MUY EN CORTO

DE MANCHA A LODAZAL EN EL PAN. El dirigente del PAN en Veracruz, José de Jesús Mancha Alarcón por mera dignidad debería dejar de estar contaminando a su partido, dándole la peor imagen que ha tenido el comité estatal que preside y responder por las acusaciones más que escandalosas de podredumbre que pesan sobre éste y su familia al salir a flote las decenas de millones de pesos que “robó” del erario vía el Poder Legislativo y los contratos de la Secretaría de Infraestructura, con tráfico de influencias.

En los primeros contratos que se hicieron públicos donde el panista Mancha fue beneficiado por varios millones de pesos salieron a relucir hasta su esposa y madre a cuyos nombres puso las empresas que serían adjudicadas con obra pública.

Ahora de acuerdo a información del propio Orfis en la pasada administración obtuvo sendos contratos por casi 70 millones de pesos, en los que las empresas de Mancha y su esposa, Monserrat Ortega Ruiz, actual diputada local, cometieron irregularidades graves que debieron ser sancionadas o en su caso proceder legalmente por parte de la Comisión de Vigilancia de la pasada Legislatura, cosa que tampoco se hizo y esto “fue borrado” por los diputados para favorecer a la mancha que, de tal, ha pasado a generar un lodazal en el panismo veracruzano.