Como bomba cayó, en algunos sectores influyentes de la sociedad veracruzana como por ejemplo la jerarquía católica de Xalapa, la declaración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien el pasado martes, entrevistado en el marco de las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional que se realizan en el Palacio Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, urgió el apoyo inmediato de la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano porque, dijo, “no tenemos esa capacidad, por eso recurrimos a quienes sí tienen la capacidad de combatir, disuadir e inhibir a esos grupos delictivos, Veracruz, como Estado, está en el paso de la droga, operan seis cárteles, todos con un poderío que superan a la policía”.

Y es que al manifestar que su gobierno se siente rebasado e incapaz de enfrentar a los grupos criminales que operan en la entidad, el mandatario estatal de Morena también puso en entredicho indirectamente a sus secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez, respectivamente, quienes apenas la semana anterior, al evaluar los primeros 13 días del Programa “Unidos para la Construcción de la Paz” en las ciudades de Coatzacoalcos y Orizaba, acababan de presumir que los índices delictivos habían ido a la baja en el lapso del 20 de diciembre de 2018 al 2 de enero del presente año.

En el sur del Estado, Cisneros Burgos expuso que durante ese periodo, en la región de Coatzacoalcos-Acayucan, se habían logrado disminuir los delitos de la siguiente manera: homicidios dolosos 0, privación de la libertad 1, extorsión 1, robo a bancos 0, robo a casa habitación 9 en la primera quincena y 5 en la segunda, robo a vehículos 11 antes del operativo y 6 después de éste. Y apuntó que solamente el robo a comercio se había incrementado ligeramente, al contabilizarse 13 latrocinios a una cadena de tiendas de conveniencia.

En Orizaba, al dar las cifras delictivas de la zona centro del estado, en el que incluyó también los distritos de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Huatusco, Córdoba y Zongolica, Cisneros aseguró que en ese mismo lapso los casos de homicidios dolosos, privación de la libertad, extorsión, robos a vehículos y otros delitos del fuero común descendieron en casi un 50%. Destacó que tan sólo el número de homicidios dolosos habían pasado de 33 a 14 entre la primera y segunda etapa de diciembre.

Pero ésta no es la primera descoordinación grave que se registra entre el gobernador y los titulares de la Segob y de la SSP. A principios de la semana anterior, por ejemplo, cada quien dio una versión diferente del presunto abuso que policías de la Fuerza Civil habrían cometido en contra de siete norteamericanos detenidos en la congregación de Santa Rosa, municipio de Actopan, quienes denunciaron ante la Fiscalía General del Estado haber sido víctimas de agresiones físicas y del robo de varias pertenencias por parte de los elementos de Seguridad Pública.