Una de las versiones surgidas el sexenio anterior sobre el empoderamiento de la familia Romero Sánchez, en el municipio de Papantla, es que presuntamente gozaría de la protección de un poderoso medio hermano: el General Brigadier Crisanto Romero Sánchez, subjefe de Logística del Estado Mayor Presidencial con el presidente Enrique Peña Nieto. La referencia se hace porque este fin de semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares vinculada con la desaparición forzada de tres jóvenes en Papantla en marzo de 2016, ocurrida más de ocho meses antes de que el panista asumiera constitucionalmente la gubernatura.

Y es que de acuerdo con su investigación, la CNDH concluyó que la policía de ese municipio tenía, hasta el año pasado, nexos con el grupo criminal de Los Zetas.

El caso referido es el de la desaparición de los jóvenes Uriel Pérez Cruz, de 19 años; Luis Alberto Morales Santiago, de 18, y Jesús Alan Alicante, de 24 años, quienes el 19 de marzo del año pasado fueron detenidos por policías municipales. El día 25 de ese mes, familiares denunciaron los hechos en una protesta en la plaza central de Papantla.

La Fiscalía detuvo después a ocho policías locales, quienes en menos de un mes fueron sentenciados, aunque los jóvenes desaparecidos aún no han sido localizados.

Al emitir la Recomendación 6VG/2016, por violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH determinó que nueve policías, en compañía de un integrante de Los Zetas, detuvieron a Uriel y Luis, junto con otra persona, a la que dejaron ir. Aquel día, según la CNDH, los tres estaban en un auto con reporte de robo, por lo que al ver que se acercaba una patrulla policiaca intentaron huir. Los policías dispararon a los neumáticos para detenerlos.

“En la detención de las víctimas participó una persona que de acuerdo con las constancias ministeriales, así como diversas testimoniales, pertenecía al Cártel ‘Los Zetas’, quien arribó al lugar de los hechos a bordo de la patrulla 060, vistiendo un uniforme de la Policía Preventiva Municipal”, relató el ombudsman nacional.

¿Cómo es posible que este tipo de crímenes sucedan en un municipio gobernado por un pariente tan cercano de un destacado miembro del Estado Mayor Presidencial?

Lo peor de todo es que el alcalde perredista saliente, Marcos Romero Sánchez, le va a heredar la alcaldía para el siguiente periodo de cuatro años a su sobrino Mariano Romero González, quien se venía desempeñando como su jefe de asesores en el ayuntamiento y lo impuso como candidato por la alianza PAN-PRD, “comprándole” prácticamente la elección.

De hecho, siete de los diez candidatos que contendieron por la presidencia municipal de Papantla impugnaron ante los tribunales electorales la validez de los comicios de junio pasado, según recordaron el pasado 26 de septiembre los editores y redactores del portal de noticias “Quinto Poder de Veracruz”, quienes en una carta publicada en Facebook y dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al fiscal general del estado, Jorge Winckler, acusaron a Romero Sánchez y a Romero González por amenazas y acoso, responsabilizándolos “de cualquier atentado” que pudieran realizar en contra de sus personas y del medio informativo digital.

Otros periodistas de la región del Totonacapan, intimidados también por el tío y su sobrino, se solidarizaron con ellos.










Hasta el viernes 6

Debido a un compromiso personal de su autor que le obligará a ausentarse momentáneamente de la entidad, esta columna dejará de aparecer los siguientes dos días, reanudándose su publicación el próximo viernes 6.