Los candidatos de la coalición “Que Resurja Veracruz” parecen ser víctimas de una elección de estado, lo dice la preparación de un esquema legal por parte del PRI, y generada por las actuaciones del Gobierno del Estado así como las autoridades electorales. 
 Según las versiones, la más reciente y anómala situación de esto, lo constituye la aprobación de medidas cautelares en contra del candidato a Presidente Municipal por el municipio de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, las cuales han sido determinadas y resueltas por la Comisión de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral,  con el fin de obligar al candidato a retirar su publicidad exactamente al encontrarse el proceso electoral a la mitad del periodo de campañas.
 Se afirma que de esta manera está más que claro el embate que realiza el órgano electoral en contra del candidato de la Coalición PRI-PVEM, pues buscan y realizan veladamente la protección del candidato a la Presidencia Municipal de la misma ciudad, por la Coalición PAN-PRD, Fernando Yunes Márquez, hijo del actual Gobernador del Estado.
 Los del PRI están más que molestos pues entre sus argumentos expresan desigualdad por parte de su adversario albiazul, que se conduce en su campaña con gastos millonarios y señalan que el órgano electoral hace ojos ciegos a ello.
 Y es que a decir de los analistas las medidas cautelares dictadas, constituyen una clara aberración jurídica, pues ordenan al candidato de la coalición PRI-PVEM, que retire toda su publicidad, que, según ellos, esté relacionada con el club Tiburones Rojos.

 Por medio de dichas medidas, emiten juicios valorativos y determinan real y veladamente, verdaderas sanciones, que dejan en estado de indefensión al candidato de la Coalición “Que Resurja Veracruz”, pues de acatarse, le estarían coartando el derecho de realizar una campaña moderada.
  Más que todo la molestia es porque según el equipo del empresario, el organismo electoral está más que visto se muestra en contra del abanderado rojo, pues se trata de sanciones al vapor, que tienen como finalidad proteger al heredero del gobernador, ante lo que aseguran es evidente, la realización de una campaña que no penetra en la población del puerto Jarocho.
 Es importante mencionar que los abogados panistas nunca recurrieron en los términos que marca la legislación electoral, el hipocorístico de Fidel Kuri Grajales, que fue aprobado por el pleno del Consejo General del OPLE.
 Dicho término fue cuatro días, siguientes al primero de mayo, que fue la fecha de aprobación de registros. 
Sin embargo, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, el panismo ha encontrado tierra fértil para tratar de detener el avance de los candidatos de la Coalición “Que Resurja Veracruz”, sin importarles que se vea claramente que, con su actuación, pretender realmente enmendar los errores del PAN y su coalición.
 El asunto finalmente es de estrategias y mañas, y en esta parte el que traga más saliva come más pinole, pero lo que está más que claro es que se deja en evidencia total al árbitro, pues por un lado primero admite la realización de una contienda sin observaciones y al paso de los días, emite nuevas disposiciones,  y con ello, a decir de los Kuristas, se trastocan los derechos políticos de las organizaciones y los derechos humanos del Tiburón Mayor.
 Por cierto, que la campaña que busca poner la diferencia entre ambos contendientes es el venderle a la ciudadanía, sobre todo en las colonias, que habrán de tener empleos, de una u otra forma. Cuando es lo que se adolece en este momento. La mano de obra empleada en las obras municipales, para empezar, aseguran serán para los mismo habitantes donde se construyan. Y por si fuera poco, se pediría en la ampliación del puerto y a  los grandes consorcios que trabajan en Veracruz hagan lo propio.
 En fin, por el lado del árbitro electoral, será sano, si es como se está mirando el panorama, que definan o al menos fundamenten más las medidas para que no se contamine el proceso a priori.