La gobernabilidad de un estado no debe ser un tema centrado en el gobierno estatal para el nuevo mandatario que en unos meses ascendería al poder, como hasta ahora parece serlo Miguel Angel Yunes Linares.
La gobernabilidad se ve amenazada con ayuntamientos en quiebra, endeudados hasta el tope, también con proveedores, prestadores de servicios y hasta con la nómina municipal. Muchos han tenido que hacer recortes de sus empleados para poder aguantar el gasto público.
Son los poderes municipales los más cercanos a la población, los que reflejan las consecuencias inmediatas de la situación económica generalizada, y en muchos casos las participaciones federales están retrasadas hasta por más de tres meses.
En la proximidad se tiene el dato de que ayuntamientos en la Cuenca del Papaloapan por ejemplo, más de una decena de ellos, no han recibido los recursos que el gobierno federal envía vía las participaciones. En el caso de municipios que son beneficiados por dependencias federales como Caminos y Puentes, CAPUFE, o Petróleos Mexicanos, PEMEX, por realizar trabajos en sus demarcaciones, es la misma circunstancia.
La entrega de dinero está paralizada y éstos se encuentran prácticamente en bancarrota. El ahorcamiento que viven ha llevado a que en la mayoría de los ayuntamientos se hayan realizado ajustes en la plantilla hasta por un 30 por ciento del personal.
Por si fuera poco, muchos enfrentan millonarios laudos judiciales por denuncias contra supuestos despidos injustificados que vienen de hasta tres administraciones atrás y son condenados a cubrir las indemnizaciones respectivas. Lo que hace prácticamente imposible para una administración cuidar que no impacte en los recursos propios.
La obra pública y el suministro de servicios a la población también están paralizados, lo que a su vez pega a la economía local y regional.
Así que la gobernabilidad no es la inseguridad en la entidad, ni las arcas vacías que pelea desde que estaba en campaña el gobernador electo, Yunes Linares, sino que el verdadero hoyanco social se encuentra en las tesorerías municipales y en la falta de servicios públicos a la población. El propio Miguel Angel Yunes lo sabe pues su hijo gobierna un municipio que ha sido castigado por la Federación y el Estado.
Cada vez se requieren más centros de salud, escuelas, mercados, sistemas de agua de calidad, ya sin contar apoyos al campo o al desempleo.
Este miércoles alcaldes perredistas se sumaron al reclamo y a las protestas generalizadas exigiendo pagos a la secretaría de Finanzas.
Al momento los ediles de extracción del Sol Azteca confirmaron la situación que vive casi todo el resto de ayuntamientos. El munícipe de Coatzintla, César Ulises García reclamó que son las reformas federales las que han provocado esta crisis en la entidad y en sus gobiernos.
Precisamente su inconformidad va en el sentido de que los “municipios petroleros” a los que se prometió beneficiar han sido ignorados, no han recibido los recursos a los que tienen derecho y en cambio, sus comunidades están afectadas por los trabajos pero sin ninguna retribución.
La gobernabilidad o estabilidad social en Veracruz empieza por los municipios. Y el gobernador electo ya debería estar pensando en un plan de rescate para éstos, lo que seguramente no figura en su agenda.
El pastel o lo que queda de éste se centra en el gobierno del Estado y los alcaldes seguramente solo mirarán pasar los próximos dos años con la misma crisis y la mano extendida en espera de que les caigan algunas gotas de recursos para por lo menos salvar las nóminas. O al menos no se ha abordado públicamente que pasará con ellos.
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