Es muy probable que después de
las elecciones de junio próximo
se dé una sacudida de delegados
federales en Veracruz.
Estos movimientos, según se
sabe, nada tendrán que ver con los
resultados adversos que pudiera
obtener en los comicios venideros
el partido en el poder, ya que los
funcionarios federales no son candidatos
ni se han entrometido en
las campañas de los abanderados
priistas precisamente porque han
recibido la instrucción de que sean
muy cuidadosos y que no provoquen
suspicacias de que estuviesen
violando la ley electoral.
En cambio, lo que sí les habrían
dicho es que la manera más efectiva
de ayudarlos es cumpliendo
bien su chamba como servidores
públicos, con honestidad y
transparencia, estando cerca de
la ciudadanía y atendiendo con
calidez y eficacia sus trámites y
demandas.
Lo que en realidad preocupa a
los operadores políticos de la Federación
es la bajísima aceptación
popular que a estas alturas de su
mandato mantiene la administración
del presidente Enrique
Peña Nieto, cuyo régimen concluirá
dentro de tres años. Y por ese
motivo es que están convencidos
de que por su contacto directo con
la población los delegados federales,
con mejor trabajo y buenos
resultados, pueden ser piezas
fundamentales para reivindicar
y fortalecer la decaída imagen
presidencial.
Por el momento, ha trascendido
que entre los representantes del
gobierno de la República en Veracruz
que se encontrarían “bajo
evaluación” estarían Marco Antonio
Torres Hernández, de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(Sagarpa); William David
Knigth Bonifacio, de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT); Antonio Benítez Lucho, de
la Delegación Veracruz-Norte, y,
obviamente, Marcelo Montiel, de
la Secretaría de Desarrollo Social,
por el escándalo mediático en el
que ha sido involucrado por el senador
independiente Alejandro
Encinas, quien recién denunció
públicamente un presunto desvío
de 500 millones de pesos en los
programas federales de desarrollo
social en esta entidad.
A Torres Hernández, de la
Sagarpa, le estaría afectando
además el prolongado conf licto
interno de la Liga de Comunidades
Agrarias de la CNC, pues un grupo
de choque que recuperó violentamente
el edificio cenecista está
encabezado por el diputado local
Edgar Díaz Fuentes, quien el año
pasado fue impuesto como dirigente
provisional por la ex lideresa
Bertha Hernández Rodríguez, tía
del funcionario federal. Pero el
legislador de Chicontepec no tuvo
la capacidad de conciliar con los
diversos grupos de productores
afiliados a esa central campesina
del PRI, lo que agravó la crisis y
obligó a la dirigencia nacional a
enviar a un delegado con funciones
de presidente, al cual boicoteó.
En cuanto a David Knight le
estarían pesando las opiniones
adversas de los constructores
locales, quienes se quejan de que
la mayoría de las obras de rehabilitación
de carreteras federales
las estaría asignando a empresas
foráneas. Knigth Bonifacio carga
también la sospecha de enriquecimiento
ilícito luego de que en
agosto de 2014 el diario Reporte
Índigo publicó un amplio reportaje
sobre 12 propiedades valuadas
en más de 2 millones de dólares
que el funcionario adquirió en el
estado de Texas, Estados Unidos,
entre 2008 y 2013, años en que se
desempeñó como subdirector del
Centro SCT Veracruz, luego como
subsecretario de la Secretaría de
Comunicaciones del gobierno
del estado, y ahora como titular
de la delegación federal, cargo
por el que percibe 85 mil pesos
mensuales.
De David Knight se duda que
pudiera ser removido, ya que es
protegido por su yerno Roberto
Gil Zhuart, actual senador de la
República, por el PAN, y exsecretario
particular del expresidente
Felipe Calderón Hinojosa.
Otro que estaría “bajo evaluación”
sería Benítez Lucho, exsecretario
particular del ex gobernador
Fidel Herrera Beltrán, en cuya
administración fue director del
IPE, de la CAEV y diputado federal
priista. El delegado del IMSS
Veracruz-Norte tendría en contra
las recurrentes quejas de los
derechohabientes, denuncias de
negligencias médicas y el reciente
escándalo en las redes sociales
por la abortada boda de su hija
en la Fortaleza de San Carlos, un
monumento histórico de Perote
donde tuvo su origen el Ejército Mexicano