La mañana de este lunes, grupos de
productores del campo veracruzano
se apoderaron de la Unidad Estatal
de Apoyos y Servicios a la Comercialización
Agropecuaria (ASERCA),
ubicada sobre el kilómetro 3.5 de la
carretera federal Xalapa-Veracruz,
en las instalaciones de la delegación
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa).
El motivo de la movilización
campesina fue exigir la destitución
del titular José Luis Mayoral Larios,
quien desde el sexenio presidencial
anterior está a cargo de ASERCA
en el estado.
Según los inconformes, están
demandando su remoción porque
ya son intolerables los actos de corrupción
que les impide beneficiarse
de los apoyos de esa institución.
Además hicieron un señalamiento
bastante grave: lo acusan de exigirles
dinero para favorecerlos
con los programas de ASERCA,
argumentándoles, presuntamente,
que los “moches” no son para él sino
para sus jefes que despachan en la
ciudad de México.
Pero también se quejan de que
su trato es prepotente y altanero
y que sólo atiende a los grandes
productores, discriminando a los
del sector social que son la mayoría.
Otro de los señalamientos en contra
de Mayoral es que se resistiría a
visitar las zonas productoras, criticándole
que “es un funcionario
que ‘atiende’ el campo desde su
escritorio en Xalapa”.
A gritos, le recordaron al funcionario
federal que “¡los apoyos
no son tuyos, son de los verdaderos
productores!” y que “¡ASERCA no
es tu negocio personal!”.
No es la primera vez que Mayoral
da motivo para ser cesado. Hace
tres años se vio involucrado en un
presunto caso de delito electoral en
el que aparte de él fueron denunciados
por un representante del PRI en
el distrito de Martínez de la Torre
otros 16 delegados federales que
presuntamente hicieron proselitismo
a favor del entonces candidato
del PAN a la diputación federal,
Rolando Olivares Ahumada, actual
alcalde martinense postulado en
2013 por la coalición priista “Veracruz
para Adelante”.
El 5 de junio de 2012 se recibió
en la Secretaría Ejecutiva del aún
Instituto Federal Electoral (IFE) el
oficio número JDE/30/07/518/2012
suscrito por David Goy Herrera, en
su carácter de Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital Ejecutiva número
07 en el estado de Veracruz, mediante
el cual remitía el expediente
JD/PE/PRI/CD07/VER/004/2012
instaurado con motivo de la queja
presentada por Reyes López González,
representante propietario del
PRI ante dicho órgano electoral,
quien hacía del conocimiento de la
autoridad hechos presuntamente
violatorios de la normatividad electoral,
pues documentó con reseñas
periodísticas, fotografías y audios
la realización de la denominada
“Jornadas Ciudadanas 2012”, organizada
el 1 de marzo de ese año
a las 10:00 horas en la ciudad de
Martínez de la Torre, a la cual asistieron
los delegados federales y las
autoridades municipales, todos militantes
del PAN, con la presumible
intención de favorecer al candidato
panista Olivares Ahumada.
Esta denuncia del representante
del PRI originó que el Consejo General
del IFE abriera el expediente
número CG/PE/CD07/VER/216/
PEF/293/2012. Pero para fortuna
de Mayoral Larios, en sesión extraordinaria
del 21 de noviembre
de ese año, el Consejo General del
IFE, en su Resolución número
CG740/2012, declaró infundado
el Procedimiento Especial Sancionador
incoado con motivo de la
denuncia interpuesta por el PRI
en contra de Olivares Ahumada,
de diversos funcionarios públicos
y del Partido Acción Nacional,
por hechos que presumiblemente
se consideraban que constituían
infracciones al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos
Electorales (Cofipe).
La Resolución fue aprobada en
lo general por votación unánime de
los Consejeros Electorales Marco
Antonio Baños Martínez, Lorenzo
Córdova Vianello –actual presidente
del Instituto Nacional Electoral
(INE), que sustituyó al IFE–, María
Macarita Elizondo Gasperín, Alfredo
Figueroa Fernández, Francisco
Guerrero Aguirre, María Marván
Laborde, Benito Nacif Hernández y
el Consejero Presidente, Leonardo
Valdés Zurita, no estando presente
durante la votación el Consejero
Electoral Sergio García Ramírez.
Sin embargo, se aprobó en
lo particular el Punto Resolutivo
Cuarto, por cuatro votos a favor de
los Consejeros Electorales, Marco
Antonio Baños, Lorenzo Córdova,
María Marván y Benito Nacif, y tres
votos en contra de los Consejeros
Electorales Alfredo Figueroa, Francisco
Javier Guerrero y el Consejero
Presidente, Leonardo Valdés, no
estando presentes durante la votación
los Consejeros Electorales
María Macarita Elizondo y Sergio
García Ramírez.
La gran interrogante es si
Mayoral seguirá corriendo con
la misma suerte que le favoreció
hasta el sexenio anterior gobernado
por el PAN, pues ahora con el PRI
en la Presidencia de la República
y en pleno proceso electoral –en
el que los del tricolor libran una
feroz batalla mediática con los del
blanquiazul acusándose mutuamente
de corrupción– se ve difícil
que los priístas pudieran sostener
en el cargo a un funcionario bajo
sospecha, acusado de corrupto por
grupos que antaño le representaban
al Revolucionario Institucional el
venero del llamado “voto verde”, y
no porque sufragaran por el PVEM,
su aliado en esta elección federal,
sino por su origen campesino.