A principios de 2011, unas cuantas
semanas después de que Javier
Duarte relevara en la gubernatura
a Fidel Herrera Beltrán, el Cártel
Jalisco Nueva Generación (CJNG)
intentó asentarse en Veracruz disputándole
el control de la plaza al
grupo de Los Zetas.
Por la “limpia” que pretendió
hacer de esa organización criminal
escindida años atrás del Cártel del
Golfo, el CJNG se autodenominó
“Los Mata-Zetas”, según videos
que ellos mismos difundieron en
YouTube en los que aparecían encañonando
a los sicarios rivales.
El arribo del CJNG a Veracruz
coincidió con otras ejecuciones
ocurridas en junio y julio de 2011,
entre ellas las de algunos periodistas
porteños que presuntamente
estaban vinculados a Los Zetas. Sin
embargo, el incidente más impactante
fue el del 20 de septiembre
de ese mismo año, cuando 35 cadáveres
fueron arrojados por un
comando armado frente a la plaza
comercial Las Américas, de Boca
del Río, a unos metros del Centro
de Convenciones del World Trade
Center, donde al día siguiente daría
inicio el 11 Encuentro Nacional de
Presidentes de Tribunales Superiores
y Procuradores Generales
de Justicia de todo el país.
Fuentes castrenses consultadas
por el diario La Jornada en la
ciudad de México informaron en
esa ocasión que integrantes del
Cártel Jalisco Nueva Generación
habrían sido los autores de la matanza
de 23 hombres y 12 mujeres
que presuntamente pertenecían a
la organización criminal liderada
entonces por Heriberto Lazcano
y Miguel Ángel Treviño Morales.
El hecho ocurrió dos semanas
después de que la Secretaría de
Marina había informado sobre el
desmantelamiento de toda una red
de comunicación del Cártel de Los
Zetas y la captura de 80 integrantes
de esa organización delictiva,
y al día siguiente de la fuga de 32
reos de los penales estatales de La
Toma, Duport-Ostión y José María
Morelos.
Con el torso desnudo, maniatados
y algunos mutilados, los cuerpos
fueron abandonados a media
tarde bajo un paso a desnivel por
hombres armados que viajaban
en dos camionetas Suburban negras
y en dos estaquitas de redilas
blancas, donde llevaban apilados
los cadáveres envueltos en lonas.
¿Cómo lograron atravesar toda
la ciudad a esa hora y burlar el cerco
militar en la zona hotelera donde
se hospedarían y sesionarían los
presidentes de tribunales y procuradores
de justicia del país? Esa
sigue siendo hasta ahora la gran
incógnita, no obstante que elementos
de la Secretaría de la Defensa
Nacional y de la Armada de México
desplegaron un operativo en busca
de los autores del multihomicidio
en toda la conurbación Veracruz-
Boca del Río, así como en las salidas
a Xalapa, Córdoba, Alvarado y la
región de La Mixtequilla. Pero no
localizaron ni detuvieron a nadie.
Tampoco se dieron a conocer las
grabaciones de las videocámaras
de la Secretaría Seguridad Pública
del estado instaladas en ese transitadísimo
corredor comercial del
municipio boqueño, donde, por
cierto, despachaba como subsecretario
B de la SSP el teniente coronel
Silvio Isidro Hernández Soto,
quien curiosamente fue detenido
ocho meses después, en mayo de
2012, por la PGR –todavía durante
la administración del presidente
Felipe Calderón, del PAN–, la cual,
según versiones extraoficiales
obtenidas por la periodista Anabel
Hernández, publicadas en la
edición número 1914 de la revista
“Proceso” del domingo 7 de julio
de 2013, habría sido presionado
para que falsamente, como “testigo
protegido”, implicara con el
narcotráfico al gobernador Javier
Duarte y al secretario de Seguridad
Pública del estado, Arturo Bermúdez
Zurita, a quien no mencionaron
por su nombre.
Ese mismo año, el diputado
federal del Partido del Trabajo,
Ricardo Monreal –actual candidato
de Morena a la jefatura de
la Delegación Cuauhtémoc en la
ciudad de México–, denunció en
su libro “Escuadrones de la muerte
en México” la existencia de grupos
paramilitares que con la autorización
de los altos mandos castrenses,
durante el calderonato, actuaban y
eran entrenados clandestinamente
en un rancho por la región de
Álamo.
Por su modus operandi y la
aparente protección oficial que
recibieron del gobierno federal y del
jalisciense, ambos del PAN, hasta el
año 2012, en Veracruz funcionarios
estatales llegaron a suponer que el
Cártel Jalisco Nueva Generación
sería uno de ellos. Y es que ni la
administración del presidente
Calderón ni la del gobernador tapatío
Emilio González Márquez
(2007-2013) los combatieron pese
a que el pasado 8 de abril el Departamento
del Tesoro estadunidense
recordó en un reporte oficial que
el CJNG y “Los Cuinis” son de los
más poderosos en México. “Estas
dos organizaciones han expandido
rápidamente su imperio criminal
con el uso de la violencia y la corrupción.
Ahora se colocan como
las más poderosas organizaciones
de narcotraficantes de México”,
refiere John E. Smith, director de
la OFAC (Office of Foreign Assets
Control) del Departamento del
Tesoro estadunidense.
Días antes de la difusión de
este reporte, el 28 de febrero de
este año, efectivos de la Marina
detuvieron en un restaurante de
Puerto Vallarta a Abigael González
Valencia, presunto líder de “Los
Cuinis” pero quien supuestamente
sería el verdadero jefe del CJNG,
el cual habría ofrecido a sus captores
50 millones de pesos para no
ser fotografiado ni videograbado
para no quedar estigmatizado.
Sin embargo, a diferencia de Nemesio
Oseguera Cervantes, (a) El
Mencho, el capo visible del CJNG
y cuya frustrada captura provocó
este viernes 1 de mayo actos narcoterroristas
en varias ciudades
de Jalisco y entidades vecinas,
incluido el derribamiento de un
helicóptero militar, Abigael fue
detenido sin disparar un solo tiro,
aunque inexplicablemente hasta a
mediados de abril se desconocía su
paradero, ya que según versiones
periodísticas, la PGR no lo había
puesto a disposición de ningún juez
pese a que ya habían corrido los 40
días de arraigo que establece la ley.