Cuando a mediados de abril de 2013, en la
víspera de la elección local, estalló el escándalo
mediático del llamado “Boca-gate” –que
no solo motivó el cese de varios funcionarios
de la delegación estatal de la Sedesol federal
sino que además obligó al presidente Enrique
Peña Nieto a firmar un adéndum con los
dirigentes nacionales del PAN y PRD para
salvar el Pacto por México–, el exdiputado
federal y exsenador priista Dionisio Pérez
Jácome era uno más de los que llegaron a
creer que esa crisis política precipitaría
la salida del gobernador Javier Duarte de
Ochoa, e inclusive corrieron versiones de que
en algunas reuniones privadas el coatepecano
hasta habría llegado a sugerir que no se
descartara a su hijo Dionisio Pérez-Jácome
Friscione entre los prospectos para sustituir
al mandatario veracruzano, considerando
su cercanía al círculo presidencial.
Sin embargo, Pérez Jácome-Friscione,
quien el sexenio panista anterior había sido
subsecretario de Hacienda y titular de
la SCT, fue nombrado una semana después
del escándalo de Boca del Río como representante
de México ante la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), con sede en París, Francia,
frustrando así el anhelo de su padre, quien
siempre ha soñado con gobernar Veracruz.
El último intento de Nicho por obtener la
candidatura del PRI fue en la sucesión estatal
de 1998. Y aunque en las encuestas figuraba
muy lejos de Miguel Alemán Velazco, en
esa ocasión sus amigos le veían posibilidades
al político de Coatepec por el simple hecho de
su buena relación con el presidente Ernesto
Zedillo, cuya cercanía más bien se atribuía
a que un cuñado de Pérez Jácome, Alberto
Friscione Carrascosa, era el instructor de
buceo del entonces mandatario mexicano
que solía ir a nadar a las playas caribeñas
de Quintana Roo.
El último cargo desempeñado por Pérez
Jácome fue el de Director General del
Comité Organizador de los XXII Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014, al cual renunció hace apenas
seis meses, en diciembre de 2013, saliendo
prácticamente por la puerta de atrás. En su
lugar, el gobernador Duarte designó a Carlos
Sosa Ahumada.
Lo último que se supo de él fue que presuntamente
andaba buscando ser delegado
del gobierno federal en Veracruz. Uno de sus
amigos asegura que a principios de este año
se habría entrevistado con el actual director
general del ISSSTE, Sebastián Lerdo de Tejada
Covarrubias, su excompañero diputado
en la LVI Legislatura federal (1994-1997).
Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido
nada. Y ahora, para colmo, a Pérez
Jácome le ha estallado el escándalo de su
yerno Martín Díaz Álvarez, casado con su
hija Gloria, un sospechoso empresario que
hasta el sexenio anterior fincó su poder en
el tráfico de inf luencias al amparo de algunos
vínculos familiares con inf luyentes
personajes de la política mexicana, ya que
es sobrino del exsecretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz; primo político de Juan
José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, y
cuñado de Dionisio Pérez-Jácome Friscione,
representante permanente de México ante
la OCDE.
Primero, a mediados de febrero de este
año, trascendió que la Procuraduría General
de la República investigaba a la empresa
Grupo Gasolinero Mexicano (GGM), operada
por los hermanos Francisco Javier y
Oscar Rodríguez Borgio, en cuyas filiales
–que en total suman 61 en todo el país– vendían
hidrocarburos ordeñados por grupos
delictivos. Según la indagatoria de la PGR,
el dinero, las ganancias ilícitas se “lavaban”
en la Caja Libertad, de la que Díaz Álvarez es
presidente del Consejo de Administración
desde enero de 2013.
De acuerdo a la indagatoria ministerial,
en ese cargo lo habría colocado su socio Javier
Rodríguez Borgio, quien a fines de 2012
encabezó a un grupo de empresarios para
comprarle a José Antonio Rico las acciones
de la entonces Caja Popular Libertad y convertirla
en un banco. Ahora Rico es uno de los
empresarios más acaudalados de Querétaro,
mientras que los Rodríguez Borgio y Martín
Díaz son buscados por la PGR que ha pedido
la colaboración de la DEA, el FBI, la Oficina
de Alcohol, Tabaco y Armas, así como del
Departamento de Seguridad Interna de
Estados Unidos, para que proporcionen
cualquier antecedente de sus personas.
Pero aparte de la Caja Libertad Servicios
Financieros, Díaz Álvarez figuraba también
como accionista de los casinos Big Bola –uno
de los cuales funciona en Xalapa, Veracruz–
y de Oceanografía, empresa propietaria del
equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro.
Ayer, el diario capitalino Reforma publicó
que en la indagatoria número UEIORPIFAM/
AP/115/2014, Amado Yáñez, socio
principal de Oceanografía, acusó directamente
a Martín Díaz del fraude cometido
a Banamex.
En declaraciones hechas el pasado 2 de
mayo ante la SEIDO, Yáñez dijo que contrató
en 2009 a Díaz Álvarez para que reestructurara
financieramente a su compañía.
“Lo único que sé es que Martín Díaz Álvarez
tenía relación con Emilio Granja, José
González y Francisco Gil Díaz, exsecretario
de Hacienda en el gobierno del presidente
Vicente Fox y consejero de Banamex, quien
según Martín Díaz Álvarez presumía que
era su tío”.
Yáñez afirmó que fue el yerno de Pérez Jácome
quien consiguió para Oceanografía el
fondeo de la empresa, las líneas de factoraje,
cediendo los contratos de Pemex. “A partir de
que llegó Martín Díaz Álvarez a la empresa,
éste manejó directa, celosa y posesivamente
las operaciones que Oceanografía realizaba
con Banamex”, declaró tras detallar que
fue el extenista Oliver Fernández quien le
presentó a Díaz, al cual contrató cuando
su empresa pasaba por un mal momento
financiero, por lo que para pagarle tuvo que
hacerlo socio cediéndole el 15 por ciento de
las acciones de Oceanografía.
Yáñez solo reconoce 480 millones de
dólares en créditos de factoraje obtenidos
en Banamex, de los cuales afirma que ejerció
446 millones en distintos momentos. Sin
embargo, rechaza que haya presentado
documentos falsos o que le deba dinero a
Banamex.
El problema es que ya “quemaron”, sin
deberla, al pobre Nicho.