Desde febrero de este año, cuando Miguel Ángel Vega García asumió la Dirección general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Gobierno del Estado, se alertó a la administración estatal de MORENA que la incorporación del extitular del Órgano Interno de Control (OIC) de la SEDESOL y de la SEDATU les podría afectar políticamente por la implicación del exfuncionario federal en la llamada “Estafa maestra”, considerada por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, como una “maquinación de gran envergadura y de tantas coparticipaciones”, cuyo posible daño patrimonial a la Nación estimó en mayo pasado en más de 5 mil 875 millones de pesos, y sobre la cual dijo que “no pudo ser producto de solo 23 casos personales independientes y aislados unos de otros.”

Todavía este sábado, en la cena que el gobernador Cuitláhuac García ofreció a un grupo de 18 periodistas en la Casa Veracruz, al exponérsele que necesitaba mandar señales más contundentes de su combate a la corrupción, se le mencionó precisamente el caso de Vega García, pero el mandatario eludió responder que iba a hacer con él, no obstante que el presidente López Obrador había dicho tajante, en una de sus conferencias de prensa, que “a quienes estén involucrados en esto de la ‘Estafa maestra’ no tienen por qué trabajar en este gobierno.”

El peso de la ley que está por caer encima de Rosario Robles, su exjefa en la SEDESOL y en la SEDATU, alcanzaría también a Vega García, pues en la carta que anteayer le envió la exsecretaria de estado al ministro Arturo Zaldívar –en la que la experredista le implora que le asegure que el Poder Judicial que preside “será garante de una actuación imparcial con relación a la causa penal 314/2019” que se le sigue–, Robles Berlanga afirma tener documentos oficiales del Órgano Interno de Control, a cargo entonces de Miguel Ángel Vega, “donde se acreditaba que no había irregularidad alguna en el proceder de los funcionarios mencionados por la Auditoría Superior de la Federación…”

Sin embargo, hasta ahora, tres exfuncionarios han negociado un acuerdo de criterio de oportunidad conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales con la Subprocuraduría de Delitos Federales de la FGR para colaborar en las investigaciones de la Estafa maestra a cambio de inmunidad penal.

José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, exdirector general de Coordinación de Delegaciones, y María del Carmen Gutiérrez Medina, exjefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU y la desaparecida SEDESOL, decidieron declarar lo que sabían después de haber denunciado que sus identidades fueron suplantadas y sus firmas falsificadas en convenios, solicitudes de pago y oficios empleados para desviar por lo menos 2 mil 60 millones de pesos, sin ser partícipes de la trama delictiva y sin acreditarse que obtuvieron un beneficio económico derivado de esos desvíos.