A finales de abril, un exfuncionario estatal experto en fiscalización y contabilidad gubernamental fue contactado por un militar adscrito al área de inteligencia de la nueva Guardia Nacional.

Tras presentarse, le dijo que venía de parte de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien requería información acerca de los fondos federales para seguridad pública transferidos en los últimos dos años al gobierno de Veracruz y que debieron ejercerse durante la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes.

Este trascendido, de hecho, no debiera sorprender al exmandatario panista ni a su exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie –con quien Yunes reapareció públicamente hace tres semanas en un popular café porteño–, pues desde a mediados de octubre de 2018 Durazo, en el foro sobre seguridad “Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar”, realizado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, había advertido: “Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”.

O sea que todavía tuvieron tiempo suficiente para maquillar las cuentas públicas. Lo que está en duda es si cumplieron con su responsabilidad, pues en materia de seguridad dejaron el estado muy descompuesto, peor que el heredado por Javier Duarte, su antecesor.

Pero Yunes y Téllez Marie seguramente comenzaron a  preocuparse, pues con el reciente caso del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, investigado por actos de corrupción y vínculos con organizaciones criminales, la Federación dejó claro que, en efecto, no habrá perdón para los exgobernantes abusivos e irresponsables.

Pero no sólo van contra ex gobernadores. La semana pasada trascendió que áreas de inteligencia de la Sedena y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos, investigan a jueces federales adscritos a los estados de Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Y este viernes, el portal ejecentral.com.mx publicó que “el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, tan desconfiado como es, puso a un equipo especial con investigadores que han pasado con excelencia los exámenes de control de confianza y que han sido certificados en Estados Unidos, y los puso a trabajar en los casos sensibles y de alto impacto.

“De acuerdo a la versión de este diario digital, hicieron una evaluación de cada uno y que entre los primeros casos revisados figuran los de los exgobernadores priistas de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte, “a quienes ya les están puliendo más expedientes y pronto habrá noticias…”.

Pero también comentan que “se toparon con la sorpresa de que el exprocurador Raúl Cervantes y el exencargado del despacho de la PGR, Alberto Elías, dejaron morir por el tiempo y de inanición algunas acusaciones contra ambos personajes…”.