Por lo menos hasta hace un par de meses, luego de los fallidos juicios políticos que el gobierno estatal y la diputación local de Morena pretendieron iniciarle al fiscal general Jorge Winckler, una de las que más abogaban ante algunos periodistas por su amistad con el titular de la FGE era la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV), Namiko Matzumoto.

La relación entre ambos se fortaleció aún más con la incorporación como Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas de Luis Eduardo Coronel Gamboa, un joven abogado protegido por Matzumoto, con la cual había colaborado en la Comisión Estatal para la Protección de Periodistas y en la propia CEDHV.

Por eso a muchos sorprendió, generando obviamente todo tipo de conjeturas, la Recomendación 25/2019 que la semana anterior dirigió principalmente a la Fiscalía General del Estado –aunque también incluye a la Secretaría de Seguridad Pública, por depender de ésta la administración del reclusorio de Pacho Viejo– “en carácter de responsables” por los “actos de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes cometidos en perjuicio de una persona privada de su libertad”.

La víctima denunciante es Gilberto Aguirre Garza, extitular de Servicios Periciales de la Fiscalía, cuyos derechos humanos violados son, según la recomendación del organismo autónomo, el “derecho a la integridad personal en su modalidad de tortura física y psicológica”, y el del “debido proceso”. Entre los elementos de prueba que presentó la CEDHV están “informes realizados por la propia Fiscalía, entrevista con testigos y entrevistas a la víctima, además, especialistas externos realizaron al solicitante valoraciones físicas y psicológicas de acuerdo a estándares internacionales determinados por la ONU (Protocolo de Estambul)”.

Además, señala que “en la investigación acredita que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente se desempeña como Fiscal Regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo (…) sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.

Ante tales evidencias, la CEDHV recomendó a las autoridades correspondientes “investigar a los servidores públicos señalados para determinar sus responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo a su participación debido a que la tortura es considerada como un delito grave por el derecho internacional”, o sea, de lesa humanidad, por lo que los abogados de la víctima estarían por recurrir ante la Fiscalía General de la República, cuya denuncia sería jurídicamente mucho más consistente que la recién interpuesta por el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, por omisión en la procuración de justicia.

Con razón, dicen, el litigante Jorge Reyes Peralta, abogado de Gilberto Aguirre, habría comentado desde el viernes antepasado que estaban por asestarle desde México un contundente golpe al fiscal yunista, que ahora terminaría por removerlo de la FGE.