Lo declarado a la prensa este lunes por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, de que “El Lagarto”, uno de los capos del Cártel Jalisco Nueva Generación involucrado en la masacre de Minatitlán era protegido de la Fiscalía General del Estado (FGE) y que hasta se movía en vehículos oficiales no puede quedar en un mero dicho, menos ahora que áreas de inteligencia de la Sedena y de la Policía Federal, en colaboración con agencias del gobierno de Estados Unidos, investigan a jueces federales adscritos a los estados de Veracruz, Jalisco, Guerrero y Colima, donde han sido detenidos y posteriormente liberados operadores financieros y logísticos, así como jefes de plaza del CJNG.

Esta investigación se inició luego de detectar casos en los que algunos jueces federales ostentan propiedades y otros bienes que no pueden ser explicados solo con sus ingresos y que presuntamente son resultado del pago por resoluciones favorables a integrantes del crimen organizado.

Uno de los casos más destacados es el del magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, del estado de Jalisco, quien está en la mira de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el cual comenzó a ser investigado por la FGR desde el sexenio pasado por presuntamente dejar en libertad en forma injustificada a líderes del CJNG.

En la presente administración federal, la UIF le inició una investigación a raíz de que la fracción parlamentaria de MORENA en el Senado diera a conocer que adquirió inmuebles por 18.7 millones de pesos entre 2010 y 2016. Este lunes, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que congeló sus cuentas bancarias que ascienden a 50 millones de pesos.

Pero en Veracruz no solamente estarían bajo sospecha los jueces federales y la Fiscalía General del Estado, según lo declarado por el secretario de Gobierno.

Y es que ha trascendido que en octubre de 2012, con la captura de Cristopher Fuentes Letelier, alias “El Chuletón”; de Ignacio Valdez Ramírez, “El Chilango”, y de Gerardo Trejo Cruz, “El Trejo”, pertenecientes a Los Zetas, quedó evidenciada en la declaración ministerial 947/2012/VER-FIEAFTVS-10, iniciada en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro, la podredumbre al interior de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.

Entre los nombres de abogados, empresarios y funcionarios de la PGJE que presuntamente estaban en la nómina de esta organización delincuencial, “El Chilango” señaló directamente a Manuel Fernández Olivares, (a) El Pámpano, quien luego de ser Juez Primero de Primera Instancia en Coatzacoalcos es actualmente secretario de Acuerdos de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado.

Supuestamente el caso de la relación de Fernández Olivares con la delincuencia organizada no estaría cerrado. La investigación ministerial PGR/SIEDO/UEITA/114/2009 que se inició como parte del proceso contra los tres sicarios de Los Zetas estaría siendo revisada por la FGR, pues otro de los mencionados en ese expediente es el exsubprocurador regional de Córdoba, Marco Antonio Lezama Moo, actual magistrado del TSJE.