A quince días del grave incidente protagonizado por elementos de la Fuerza Civil del estado en contra de siete estadounidenses con orígenes familiares en Santa Rosa, una congregación del municipio de Actopan –del que ella es oriunda, pues nació en Mozomboa, otra comunidad actopeña–, la diputada local de Morena, María Esther López Callejas, representante popular del XIII distrito electoral con cabecera en Emiliano Zapata, no se ha visto hasta ahora muy activa sobre estos lamentables hechos.

Habría que imaginar su actitud si en lugar de su correligionario Cuitláhuac García, el que gobernara Veracruz fuese todavía Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, o Javier Duarte, del PRI.

Ayer martes, por ejemplo, se cumplió el plazo máximo que fijó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) entregara a dicho órgano autónomo un informe respecto a este polémico asunto. Hasta el momento se desconoce si la SSP cumplió o no, lo que la dependencia a cargo del neoleonés Hugo Gutiérrez Maldonado debió haber hecho y difundido profusamente para que la opinión pública corroborara que no van a encubrir este ni otros abusos policiacos, si es que en realidad ocurrió tal como lo denunciaron los ciudadanos norteamericanos que con videos demostraron haber sido agredidos.

Este lunes, en conferencia de prensa, el fiscal Jorge Winckler dijo que desde el pasado viernes 11, de manera formal, mediante oficio, la Fiscalía Anticorrupción había solicitado que fueran presentados los policías involucrados en estos hechos, pero que del Gobierno del Estado estaban tratando de evadir esta responsabilidad.

Y, sin embargo, la voz de la diputada local no se ha hecho sentir. Tampoco su presencia. Ni en el Congreso del Estado ni en su distrito electoral, donde la semana pasada fue bateada por la mayoría de los alcaldes de su circunscripción, a los cuales reunió en El Descabezadero, un sitio turístico donde nace precisamente el río Actopan, para persuadirlos de que sus Cabildos apoyaran la reforma al artículo 33 de la Constitución Política del estado de Veracruz que la LXV Legislatura local, bajo control de los diputados de Morena, acababa de aprobar para tener la facultad legal de remover a Winckler de la Fiscalía General.

Pero varios ediles se le rebelaron, entre ellos el anfitrión Paulino Domínguez, de Actopan, a quien deliberadamente no invitó, pero el cual se presentó porque fue llevado por los otros munícipes.

A esta reunión, la diputada López Callejas llegó con un subsecretario de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, quien les habría prometido apoyarlos con la construcción o rehabilitación de carreteras y caminos vecinales, pero cuando el funcionario de la SIOP les pidió que le hicieran llegar cuanto antes sus informes completos acerca de cuál era el estado físico y la situación administrativa y presupuestal de la red de vías de comunicación en sus respectivos municipios –pues les habría confesado que el gobierno de Yunes no les había dejado información de respaldo sobre obras terminadas, inconclusas y tampoco sobre los contratos–, la mayoría de ellos de plano se deslindó.