Para atenuar políticamente el primer golpecito que el Órgano de Fiscalización Superior le asestó a la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares al presentar oficialmente este lunes 1 de octubre el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 –el cual reportó un presunto daño patrimonial a la hacienda pública estatal por 338 millones de pesos correspondiente al primer año de la mini administración yunista, detectado en tres dependencias del Poder Ejecutivo, 11 entidades y dos fideicomisos–, el diputado Juan Manuel de Unanue, del PAN, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, tuvo la ocurrencia de justificar este presunto daño patrimonial argumentando que no es comparable al del año anterior, el último del exgobernador Javier Duarte, donde el desvío fue de 13 mil millones de pesos.

De acuerdo a la lógica de este diputado incondicional de Yunes Linares, ahora se estaría “robando poquito”, como solía decir el famoso exalcalde de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, mejor conocido como “Layín”, quien se volvió tan popular que en 2017 contendió como candidato independiente a la gubernatura nayarita pese a que la Auditoría Superior del Estado lo acusó penalmente por un desfalco de 12 millones de pesos.

¿Acaso los veracruzanos no merecemos tener gobernantes y servidores públicos “honestos, honestos, honestos”, como remarcaba el austero expresidente de la República y exgobernador de Veracruz, don Adolfo Ruiz Cortines?

Pero, además, la honestidad de un funcionario no debe circunscribirse sólo a “no meterle mano al cajón”, como se dice coloquialmente, sino que también tendría que extenderse a su capacidad y compromiso para servir con eficacia. Otro exmandatario priista, Miguel de la Madrid Hurtado, el del sexenio de la “Renovación Moral”, pregonó por ejemplo que “la ineptitud también es otra forma de corrupción”.

La cínica declaración del diputado yunista es una muestra más de la pérdida del sentido común del grupo en el poder, el cual está hecho bolas tras el derrumbe de su escenario sucesorio, pues hasta antes de la elección de julio pasado estaban muy seguros de que continuarían gobernando por lo menos hasta el año 2024.

Sin embargo, la inesperada derrota ha generado aparentes fisuras en el equipo de gobierno y grupo de aliados de Yunes Linares. Un caso es el de Joaquín Guzmán Avilés, el hombre fuerte de la región de Tantoyuca, quien presumiblemente se fue por la libre y renunció como secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca para buscar la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN. Coincidentemente, en contraste con Pepe Mancha Alarcón, quien pretende reelegirse como presidente del CDE del blanquiazul –el cual ha sido muy cuestionado por los contratos que le asignó el senador Julen Rementería en la SIOP, cuyo hijo, el diputado Bingen Rementería, es miembro de la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura local–, el exalcalde y exdiputado huasteco salió “raspado” como titular de la Sedarpa en la Cuenta Pública 2017.

Guzmán Avilés, quien renunció este lunes, tendrá que justificar o reembolsar 500 mil pesos que se entregaron a la Unión Ganadera Regional de la Zona Centro del Estado de Veracruz, y que según el Orfis no han sido debidamente comprobados. Pero, además, en el caso del Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP), administrado por la Sedarpa, está pendiente de justificar el pago de 38 millones 28 mil pesos que supuestamente fueron entregados a productores y asociaciones campesinas del estado.

Lo surrealista y paradójico es que tras la renuncia de Joaquín Guzmán, el gobernador Yunes decidió nombrar como titular de esta secretaría de despacho a William Charbel Kuri Ceja, quien venía desempeñándose con Guzmán Avilés como titular de la Unidad Administrativa de la Sedarpa, por lo que estaría implicado directamente en las irregularidades detectadas por el Orfis en la Cuenta Pública 2017.