Seis días después de que el diario Reforma le dedicó la nota principal de su portada a la secretaria Rosario Robles por el presunto saqueo de 700 millones de pesos en efectivo que entre 2014 y 2017 habrían sido desviados bajo su administración en la Sedesol y Sedatu, este lunes el mismo periódico capitalino destacó también en su página principal el caso de la exprimera dama de Veracruz, Karime Macías, por la adquisición de una mansión en Miami, Florida, valuada en 7 millones de dólares, que al tipo de cambio actual, serían alrededor de 130 millones de pesos.

Pese a la notable diferencia del monto de recursos públicos presumiblemente malversados por este par de damas, ambos casos indignan. Pero irrita todavía más la sospechosa actitud omisa de las Fiscalías encargadas de perseguir estos descarados latrocinios.

Hasta ahora –Robles aún sigue en funciones, pero a Karime la dejaron huir impunemente desde hace más de un año a Londres, Inglaterra, donde vive con gran lujo–, todo se ha reducido a un mero linchamiento mediático, sin que exista un sólido proceso judicial.

Y es que a pesar de estar vinculada a la red de lavado de dinero del exgobernador Javier Duarte, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General de la República dejaron ir a Karime y a sus familiares a mediados de abril de 2017, tras la detención del exgobernador priista en Guatemala. Por esas fechas, la esposa del exmandatario veracruzano, sus padres Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, su hermana Mónica Ghihan Macías Tubilla y su cuñado José Armando Rodríguez Ayache ya eran investigados por la PGR, incluso les fueron aseguradas sus cuentas bancarias.

Alberto Elías Beltrán, a la sazón subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales y actualmente encargado de la PGR, dijo en abril de aquél año que la esposa de Duarte y sus familiares fueron dejados en libertad porque “(Karime Macías) no tiene ninguna solicitud para una detención con fines de extradición”.

“Están libres, no tienen ninguna situación de enfrentar la justicia mexicana, entonces ellos pueden moverse libremente en México”, declaró Elías Beltrán en la conferencia que ofreció en la Embajada de México en Guatemala.

¿Por qué la Fiscalía General de Veracruz no solicitó entonces a la PGR que se detuviera y extraditara también a Karime, si desde febrero de 2017 ya había recibido una denuncia de hechos en contra de la expresidenta del DIF estatal por el presunto desvío de 41 millones de pesos durante el primer año de la administración duartista?

Según dicho expediente, la institución utilizó el sistema de licitaciones para otorgar durante 2011 contratos a seis empresas fantasmas.

Sin embargo, paradójicamente, los fiscales octavo y décimo tercero especializados en delitos relacionados con hechos de corrupción y cometidos por servidores públicos de la FGE, José Tomás Francisco Hernández  y Carlos Alberto Delgado, le notificaron por escrito a Macías Tubilla, el 11 y 13 de junio de este año, que en sus respectivas Fiscalías no se contaba “con alguna imputación, Carpeta de Investigación, Averiguación Previa, Acta Circunstanciada o cualquier línea de investigación en la que la solicitante aparezca como indiciada y/o señalada por alguna persona en Carpeta de Investigación…”.