Como lo ha hecho en los demás cargos que ha desempeñado en la administración pública del estado y de la Federación –el último, antes de la gubernatura, fue el de director general del ISSSTE (2006-2010), donde fue señalado por presuntos desvíos de miles de millones de pesos e inclusive algunos de sus colaboradores terminaron siendo inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, entre ellos Jesús Villalobos López, quien lo sustituyó en la titularidad de este organismo público descentralizado, y hasta el respetado doctor xalapeño Iván Hernández–, ahora, luego de haber perdido la elección de julio pasado, el gobernador Miguel Ángel Yunes está recurriendo a todo tipo de argucias aparentemente legales para tratar de deslindarse de las presumibles irregularidades que su sucesor, Cuitláhuac García, de MORENA, le ha venido imputando.

Y es que, por ejemplo, en lugar de permitirle de una vez el acceso a toda la información de su administración al gobernador electo y a quienes integrarán el futuro gabinete morenista, Yunes se sacó de la manga la creación, por decreto, de un Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento del Proceso de Entrega y Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 2016-2018, una figura que en opinión de algunos juristas carecería de fundamento  legal.

Este Comité, cuya aparente función sería la de legitimar las cuentas “pulcras” que supuestamente entregará a su sucesor, tuvo que integrarse finalmente con algunos empresarios oficialistas, beneficiarios de contratos gubernamentales; con un desconocido pastor de una iglesia cristiana, y hasta con una ex reina del carnaval, la que, por cierto, fue impuesta por su hijo, el alcalde porteño Fernando Yunes Márquez, luego de que la monarca original que había sido electa popularmente fue destronada por un escandaloso video que circuló en las redes sociales, como si la mujer hubiera competido para ser la madrina de la Santa Virgen y no para la fiesta de la carne.

¿Por qué otros empresarios, líderes religiosos y ciudadanos muy reconocidos y respetados socialmente no le aceptaron la invitación a Yunes Linares? Se presume que porque no le vieron realmente razón de ser, pues acababa de echarse a andar  el polémico Sistema Estatal Anticorrupción, en cuyo Comité Coordinador, instalado formalmente el pasado 1 de agosto, figura ya un Comité de Participación Ciudadana que preside Sergio Vázquez Jiménez, un auditor externo que a raíz de una denuncia penal presentada hace un par de semanas por el Ayuntamiento de Xalapa en contra de ex funcionarios de la pasada administración municipal, ha sido implicado por omisión sobre un presunto desvío de 96 millones de pesos detectado en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento.

Pero, además, les pareció poco sensato que hasta ahora hayan convocado a un Comité Ciudadano de Vigilancia y Seguimiento sólo para el Proceso de Entrega y Recepción, cuando debieron haberlo hecho desde el inicio del régimen saliente para haber vigilado y seguido de cerca a las Dependencias y Entidades de esta Administración Pública.

Entonces sí podrían haber convalidado las cuentas que están por entregar.