La criminalización no se detiene en Veracruz, las autoridades acusan apresuradamente, mientras tanto  las victimas indirectas, en este caso, la familia de la víctima, tiene que soportar las acusaciones de la Fiscalía General; la propio Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales refieren que nadie puede ser señalado como culpable en la comisión o participación de un hecho delictivo, sino hasta que se demuestre lo contrario en sentencia, pero al señor Fiscal General Jorge Winckler ello se le olvida.

Hace apenas 5 días Nefertiti y Grecia Camacho Martínez, de 16 y 14 años de edad –según familiares- irían a un cine ubicado en la colonia Benito Juárez, del municipio de Río Blanco, Veracruz, pero nunca llegaron porque asesinadas por policías del estado en un aparente fuego cruzado. Lo  dichos de la familia han sido arrojados a la basura, pues el señor Fiscal asegura que eran delincuentes.

Por el hecho de portar tatuajes, no trabajar y no estudiar, además de revelar y hacer públicas cuestiones personales, determinó que éstas eran delincuentes y que además habrían también accionado armas de fuego para dispararle a los policías. Aquí llama la atención la agilización de las investigaciones; en tan solo 5 días don Jorge ya cuenta con todo el material probatoria que las incrimina y sí por él fuera ya habría dictado sentencia.

Lo más lamentable, es que las jóvenes ya no se pueden defender y luego entonces se les puede acusar de cual más hecho atroz. Fiel a su estilo evasivo, se limitó a leer un documento donde se acusa a las hermanas y se les exhibe fríamente, sin el menor de los respeto por sus familiares, pero no acepto preguntas de los comunicadores. Según el funcionario las imágenes que circulan en redes –donde se observa a una de las jóvenes con vida junto a un elemento de seguridad y luego ejecutada- fueron manipuladas, pero en ningún momento ofrece pruebas de esa supuesta manipulación. 

La Fiscalía aseguró que las jóvenes Camacho Martínez dieron positivo en la prueba de rodizonato de sodio y que la joven de 16 años tenía una relación sentimental con uno de los presuntos delincuentes de apellido García Aguilera, según fotos obtenidas de su teléfono móvil; lo cierto es que, la autoridad se apresura a investigar, hechos como estos, con la urgencia por aclarar y al mismo tiempo justificar los hechos. Al final, la credibilidad es la que no tienen, pues sin números de ciudadanos han mostrado su indignación por los acontecimientos.

Lejos de comprobarles una aparente participación, valdría la pena cuestionar, sí es necesario revictimizar. Sinnúmero de interrogantes más aún cuando el Fiscal se niega a responder a medios de comunicación. Pide a reporteros se retracten y aclaren, cuando es él mismo quien se niega a ser interrogado, intentando imponer única y exclusivamente su aparente teoría del caso como sí se tratará de la verdad absoluta e irrefutable.

Ayer mismo la periodista y académica, Denisse Dresser reprobó que las autoridades veracruzanas hayan declarado que las jóvenes que murieron el 10 de marzo en un enfrentamiento no llevaban una vida normal, para lograr así criminalizarlas.

La declaración exacta de Jorge Winkler Ortiz, fiscal de Veracruz, indica que las dos jóvenes poblanas que murieron en el enfrentamiento eran cercanas a personas que no tenían una vida normal  “Traducción: como las chicas asesinadas en Veracruz no llevaban una “vida normal” (o sea eran putas o fáciles o drogadictas o se asociaban con supuestos delincuentes) merecían ser asesinadas por policías abusivos/mal entrenados para quienes ejecución sumaria no es un crimen”, así el sentir de la también columnista.

Del tema, diferentes sectores de la sociedad, como la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) urgió a que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga la investigación del enfrentamiento "ante la ausencia de autonomía de la Fiscalía General del Estado que de forma grotesca y notoria continúa bajo un esquema de subordinación hacia el gobernador".

ONEA indica en un documento que "la sola sospecha de estos hechos debería obligar una investigación que permita dilucidarlos y deslindar responsabilidades" y enfatiza que es preocupante calificar como "delincuentes" a quienes pierden la vida en incidentes violentos sin respetar el debido proceso. ¡Cuestionable lo que ocurre en nuestra entidad!