Quedo evidenciada ya, la negación del gobernador Miguel Angél Yunes Linares a transparentar el uso de recursos públicos destinado a publicidad oficial y es que a pesar de diferentes solicitudes hechas por particulares a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la autoridad directamente responsable, es decir la Coordinación General de Comunicación Social, ha obstaculiza la transparencia del dinero público asignado a esa partida presupuestal.

A decir del mandatario emanado del Partido Acción Nacional no destinaría ni un solo peso a medios de comunicación, como medida de castigo por la crítica lanzada a su partido y a su persona durante su campaña y actualmente como titular del Poder Ejecutivo, lo cierto es que existe un porcentaje del presupuesto 2018 destinado a éste rubro, que por supuesto el Gobernador ésta obligado a ejercer y aclarar, pues es evidente su afán de favorecer a unos cuanto y castigar a los críticos.

Lo cierto es que la publicidad oficial se trata de un rubro al que se destinan recursos públicos, pues como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha establecido, se trata de un ejercicio que permite el goce de un derecho humano como es el acceso a la información.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deja muy claro que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y para que ello ocurra se tienen que transparentar y aplicar de manera correcta y eficiente.

El mismo artículo en su párrafo ocho precisa que “la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Contrario a lo establecido en la Constitución y olvidándose que se trata de un dinero público, el gobernador veracruzano destina recursos por concepto de publicidad única y exclusivamente a quienes considera aliados y que por supuesto disfrazan la realidad de Veracruz y a cambio ensalzan su imagen y las de sus hijos con fines totalmente político-electorales, incurriendo así en un acto de ilegalidad al mal asignar esta partida presupuestal, pero además al no transparentar el destino y objetivos de ese recursos.

Por ello y derivado de esa negativa, ayer el Consejo General del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) instruyó iniciar un procedimiento de sanción administrativa en contra del titular del área de transparencia de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado por no brindar la información solicitada y es que en sesión se determinó la negativa a entregar la información requerida y al no cumplir con la recomendación, se procederá a implementar este proceso de sanción administrativa.

“En los casos de la Coordinación General de Comunicación Social se instruye aperturar el procedimiento de sanción administrativa en contra del titular del área de transparencia y el analista jurídico y además en virtud de que en las sesiones del 31 de Enero y 14 de Febrero del presente año se instó al sujeto obligado a que contará con mayor diligencia en el desempeño de sus funciones”, indicó.

Además señalaron tampoco entregaron información sobre los gastos de publicidad contratados para promocionar las cuentas en redes sociales del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Cabe precisar que en el mes de noviembre de 2017, derivado de esta misma negativa a regular el uso de dinero público destinado a publicitar, la Suprema Corte de Justicia Ordenó al Congreso de la Unión, expedir, antes del 30 de abril de 2018, una ley que reglamente el gasto en publicidad oficial que las autoridades destinan a medios de comunicación.

En aquel entonces, el Ministro Arturo Zaldívar apuntó que la falta de una ley que regule la publicidad oficial en México provoca un “ejercicio arbitrario” del presupuesto de comunicación social, pues favorece a medios afines al gobierno y limita recursos a medios que no lo son, “asfixiándolos financieramente” y poniendo en riesgo su existencia.

“Es un efecto silenciador y una restricción indirecta a la libertad de expresión, prensa e información” ¡Así las cosas en una entidad que hoy se niega a informar, ocultando e incurriendo en actos omisos, sancionados por la propia Constitución!

@magzamu