Un problema que desde un principio debió resolverse políticamente, de manera civilizada, con un simple “usted disculpe, no volverá a suceder”, ha ido escalando mediática y judicialmente a tal extremo que ahora el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, luego de amagar con retirarle las fuerzas de seguridad pública del Mando Único, ha cumplido su amenaza de proceder penalmente en contra del alcalde de Minatitlán, Nicolás Reyes, en represalia porque el edil morenista no se retractó –como el mandatario estatal del PAN se lo había exigido– de su denuncia pública acerca de las leches caducadas y las despensas incompletas que le fueron enviadas por la Secretaría de Protección Civil del estado para los damnificados por las atípicas inundaciones de enero en ese municipio del sur de Veracruz.

Pero, en su arranque colérico, Yunes parece no haber calculado bien las consecuencias de su desmedida reacción. Y es que su pleito con el munícipe sureño de Morena podría haber colocado en una situación jurídicamente vulnerable a su propia esposa Leticia Márquez y a Laura García Beltrán, cónyuge del secretario de Salud, Irán Suárez Villa, como presidenta y directora general, respetivamente, del Sistema Estatal del DIF, ya que el mismo problema de las leches descompuestas se presentó días antes también en el municipio de Zongolica, donde varios infantes que la consumieron presentaron cuadros de vómito y diarrea, lo que motivó que el DIF municipal tuviera que suspender en 201 escuelas de preescolar y primaria el programa de “desayunos escolares fríos”, luego de que les reportaron que la bebida láctea estaba “agria”, con mal olor y “cortada”.

En un oficio, la presidenta del DIF municipal, Alma Rosa Landa Rincón, pidió a los directores de escuelas beneficiarias y a las cooperativas escolares “suspender” el programa de desayunos hasta que el Sistema Estatal del DIF diera una explicación y “respuesta” a esta distribución del lácteo en mal estado y que pudo haber puesto en peligro al alumnado.

“Solicito a los directivos y a los comités de padres de familia su comprensión y colaboración en la difusión constante de la información proporcionada”, destacó el oficio que giró de forma “urgente” el pasado 1 de febrero.

Pero la polémica subió de tono y tomó otro giro este miércoles, ya que el precandidato de Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García Jiménez, mostró facturas que evidencian que las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Salud (Sesver) compraron a “sobreprecio” casi 300 mil litros de leche semidescremada ultrapasteurizada para las despensas del programa “Veracruz Comienza Contigo”.

Con el Hashtag #LosYunesCharlatanes, el diputado federal con licencia exhibió en sus redes sociales el contrato de compraventa AD-09.17 con la empresa Productos Serel S.A., que se hizo mediante adjudicación directa, sin licitación de por medio, e incluye la compra de 296 mil 200 litros de leche a un precio unitario de 20 pesos por litro, cuando al menudeo –señaló– es de 16 pesos con 50 centavos.

García Jiménez difundió que Yunes y sus colaboradores “no sólo mandaron a los niños leche caducada, aprovecharon para hacer negocio con el hambre de la gente”.

Según el contrato exhibido, el gobierno yunista gastó 5 millones 924 mil pesos en la adquisición de los paquetes de leche semidescremada ultrapausteurizada. Y en el DIF estatal –de acuerdo con la versión de la agencia informativa APRO– “trascendió que en la compra a la empresa ‘Nutriland’ intervinieron ‘directivos’ del Partido Acción Nacional (PAN) del norte del país, quienes no sólo surten al gobierno de Veracruz, sino también a otras entidades donde ese partido es autoridad”.

¿Y el contralor general del Estado?