Si el presidente Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, a la sazón secretario de Gobernación, hubieran accedido en su momento a la solicitud que por escrito les hizo el entonces diputado federal del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, para que mandaran –como en enero de 2014 lo habían hecho en Michoacán– un comisionado federal a Veracruz ante la grave inseguridad que a finales de 2015 se recrudeció en la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quizás ahora la entidad veracruzana no estaría padeciendo los niveles de violencia que se han disparado en la actual administración del panista.

Pero Peña y Osorio Chong no respondieron al reiterado llamado de Yunes –quien casualmente presidía la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja del Congreso de la Unión–, como ahora tampoco han atendido el mismo exhorto que los senadores priistas Héctor Yunes Landa y Pepe Yunes Zorrilla, así como los diputados federales de MORENA, Rocío Nahle y Cuitláhuac García Jiménez, han venido haciendo desde el año anterior luego de que el mandatario estatal del PAN no ha podido cumplir su palabra de abatir los índices criminales que con él se han multiplicado en Veracruz.

Actualmente como gobernador, Yunes Linares ha respondido a sus adversarios políticos que no se necesita un comisionado federal en el estado porque ya están aquí todas las fuerzas de la Federación. Pero hasta la fecha no se percibe que su presencia haya apaciguado a la entidad. Inclusive, en junio de 2017, fue ejecutado en un restaurante de ciudad Cardel el comisario de la Policía Federal, Camilo Juan Castagné, junto con otros dos oficiales. Tampoco se observa una estrategia efectiva de coordinación y, sobre todo, trabajo de inteligencia para actuar a tiempo en contra de las células criminales y desarticularlas. Por eso Yunes estaría incurriendo en el incumplimiento de un deber legal cuando sale a justificar la pasividad de su gobierno argumentando que es una guerra entre bandas delincuenciales.

En Michoacán la figura del comisionado federal parece haber funcionado pues fueron desarticuladas las autodefensas y descabezados los principales grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, en ningún otro estado la Federación volvió a recurrir a esa figura política-jurídica que en opinión de algunos abogados constitucionalistas violaba el sistema federal mexicano. Se presume que por eso el presidente Peña ya no quiso ejercer ese poder metaconstitucional en ninguna otra entidad con similares problemas de inseguridad que Michoacán.

Y muy difícilmente lo hará ahora en Veracruz a estas alturas de su administración. Pero lo que sí podría hacer el jefe del Ejecutivo federal es ordenar a la Procuraduría General de la República que investigara a los funcionarios del gobierno veracruzano que han sido acusados por los mismos grupos criminales de haber traicionado supuestos “acuerdos”.

En el caso de Michoacán recuérdese que Rodrigo Gerardo Vallejo Mora, el hijo del ex gobernador priista Fausto Vallejo, fue sentenciado en septiembre de 2015 a 11 meses de prisión por el delito de encubrimiento, pues apareció en un video departiendo con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” y/o “El Profe”, líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios. Y antes, en abril de 2014, el secretario de Gobierno y ex gobernador interino José Jesús Reyna García fue detenido precisamente por la PGR por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Pero en Veracruz la PGR ha sido omisa, aunque familiares cercanos de altos funcionarios estatales han sido fotografiados en comidas con capos, como el “Comandante H” de Los Zetas, y los principales mandos policiacos son señalados de traicionar acuerdos con los criminales.