¿Demanda por daño moral? Frente a la libertad constitucional de opinión y de prensa

@magzamu

La capacidad del secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, no está en duda, pues se trata de un hombre con experiencia y mesurado, lo cierto es que la declaración que dio este martes será tema de muchas semanas, pues a pregunta de los medios de comunicación, dijo, que el Gobierno analiza una posible demanda por daño moral a comunicadores o sociedad civil en general que hayan, de alguna manera, responsabilizado al Gobernador Javier Duarte, sobre los hechos ocurridos en la ciudad de México, donde resulto asesinado el fotoperidista, Rubén Espinosa Becerril.

Se trata pues de una declaración poco analizada y que sin duda responde a ese afán de apoyar al Gobernador Javier Duarte de Ochoa; se entiende pues que Flavino actúa derivado de la presión mediática y es que dice se analiza la posibilidad de demandar, aunque lo cierto es que ello le costara la critica durante muchas semanas, pues se trata de un tema muy sensible, donde la sociedad se siente vulnerada y es ahora el mismo gobierno quien lanza consignas por las presunciones de ciudadanos.

Lo extraño es que, el mismo gobierno, en muchas ocasiones, ha señalado, juzgado y sentenciado a ciudadanos por supuestos delitos, sin ser la instancia competente, ello ocurre aún más en instituciones como la fiscalía o la propia coordinación de comunicación social, es decir, entonces ¿solo el gobierno tiene la facultad de difamar y causar daño a la sociedad? Y cuando la ciudadanía intenta señalar se procederá en su contra? Se trata pues de contradicciones absurdas de los integrantes del poder ejecutivo.

Ríos Alvarado, como muchos funcionarios que han transitado por el gobierno, han tenido que salir en defensa de su jefe, con argumentos, muchas de las veces, escasamente legales o congruentes, pero ¡ni hablar, es el jefe y sí pide defensa, seguramente, hay que hacerlo! Eso sí la presión mediática recae sobre el funcionario que declara cuestiones absurdas; son muchos los funcionarios que han caído en esta situación y ahora le toca al recién Secretario de Gobierno.

Ayer dijo que se analizará por parte de la administración estatal una demanda por daño moral en contra de aquellos que señalaron al Gobernador de estar involucrado en el asesinato del fotoperiodista y es que expresó que no se puede juzgar mediáticamente, primero se deben presentar pruebas, se debe investigar; el MP debe consignar y el Juez tiene que decidir, no puede ser que los medios linchen y responsabilicen, "no sé, es un asunto que debemos reflexionar".

Entonces de manera directa se le interrogó ¿estaría el Gobernador denunciando a estos medios por daño moral? A lo que el funcionario respondió "no sé, es un asunto que tenemos que analizar y que tenemos que reflexionar… nosotros al contrario, estamos coadyuvando, estamos colaborando no solamente declaró Javier Duarte de Ochoa, es inusual porque no tenía la obligación jurídica de hacerlo, pero lo hizo para demostrar la colaboración y la coadyuvancia, pero también hubo otras autoridades del Gobierno del Estado que rindieron declaración y estamos dispuestos a dar toda la información que se requiera para que se esclarezca este caso”.

El tema salió a relucir luego de la opinión emitida por el excandidato presidencial panista, Diego Fernández de Cevallos en Milenio Noticias, quien expresó que no todo crimen contra un político es un crimen político, ni todo crimen contra un periodista va dirigido por autoridades mexicanas.

Lo cierto es que no se pude demandar así por que sí a la sociedad o a los medios de comunicación pues los colaboradores del Gobernador tendrían que comprobar y acreditar que se trato de acusaciones directas y no con un tinte especulativo bajo la protección del derecho a la libertad de opinión. Así es que el tema no es fácil, pues no se configuraría ningún delito por la vía penal y el mandatario estaría exigiendo prácticamente el pago de una reparación económica por concepto de reparación del daño, enfrentándose así a la libertad de opinión y de prensa, consagrada en la constitución política de nuestro país. ¡Así las cosas en Veracruz!