Justificaciones absurdas del Fiscal veracruzano

@magzamu


El pasado 27 de agosto, en una entrevista concedida al periódico El País de España, el Fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo, prácticamente se quejó de que en México la prensa ejerce ‘mucha presión’ sobre las investigaciones de los asesinatos de periodistas en Veracruz, lo cual obstaculiza el trabajo de dicha instancia.
El funcionario no perdió el tiempo en presumir que la fiscalía a su cargo, tiene una sentencia definitiva y 11 detenidos sobre los casos de los 12 periodistas asesinados, pero reiteró que la presión de los medios de comunicación genera investigaciones frágiles; lo cierto es que omitió decir las cosas como son y solo busco justificarse.
La realidad es que Ángel Bravo evita decir la verdad, pues resulta que es la fiscalía la primera en vulnerar las investigaciones, al fabricar culpables o improvisar indagatorias con la única finalidad de mostrar resultados a la sociedad, siendo el fiscal el único responsable de la flaqueza de su labor.
Cada día es más cuestionable la tarea del funcionario quien se dedica a cuidar su imagen y ofrecer conferencias de prensa, donde supuestamente rinde informes de resultados, pero Bravo asegura que se trabaja con una gran presión “fíjate que es una gran presión la que ejercen ustedes y la opinión pública entorno a las investigaciones y esa presión que se impone hace que una investigación pueda ser frágil“.
En la entrevista que le realizó el periodista David Marcial Pérez, quien hace algunos días en la ciudad capital para realizar reportajes sobre lo peligroso que es ejercer el periodismo en Veracruz, el Fiscal también habló sobre el asesinato del fotoreportero Rubén Espinosa.
Los 12 expedientes de los periodistas asesinados en los últimos 4 años fueron puestos en el escritorio del antes Procurador, ahora fiscal para recibir al comunicador; Bravo defiende la labor de su fiscalía con los siguientes datos: una sentencia definitiva y 11 detenidos es el resultado de las tres investigaciones cerradas, dos de las cuales se han saldado como homicidios ligados a un robo y a una riña vecinal.
Los otros nueve casos han sido absorbidos por la Fiscalía federal (PGR) al haber indicios de que hubo mano negra del crimen organizado. En la entrevista Marcial Pérez precisa que el asesinato de comunicadores, es la peor, lastre de violencia en México y ha despertado la alarma de la comunidad internacional. Para la ONU, Veracruz es el Estado más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Organizaciones No Gubernamentales y el gremio de reporteros locales –dice- piden que en los casos de homicidios a reporteros siempre se agoten las pesquisas de un posible móvil político. Con uno de los primeros interrogatorios al funcionario llego una vez más la justificación:
Pregunta. ¿Qué hizo la Fiscalía para proteger a Espinosa?
Respuesta. No existe una sola denuncia de Rubén a consecuencia de alguna amenaza o hecho que vulnerara su ejercicio periodístico. La única denuncia, como se ha hecho público, fue presentada ante la PGR (Fiscalía federal) en 2013. Dos años después Rubén continuó viviendo en Veracruz sin que nada le ocurriera.


Es decir para el fiscal el simple hecho de que no existiera una denuncia formal, fue justificación para que la propia Secretaría de Seguridad Pública no protegiera al comunicador que había hecho públicas las amenazas recibidas y el temor por su integridad.

Otra pregunta fuerte, fue ¿Por qué mueren asesinados tantos periodistas en Veracruz? Y Ángel Bravo responde: Tenemos 12 casos de periodistas que han sido vulnerados por ataques en los cuales han perdido la vida. De ellos, solo tres son competencia nuestra, porque se trata de delitos del fuero común. Los restantes casos han sido atraídos por la PGR porque hay signos del crimen organizado y estos asuntos son de ámbito federal. En uno ya hay una sentencia incontrovertible.

Continua: la Suprema Corte de Justicia validó la postura del ministerio público veracruzano condenando a 38 años de prisión a uno de los autores del asesinato de Regina Martínez. En el caso de Gregorio Jiménez, estamos en vísperas de la sentencia. Y el caso de José Moisés Sánchez ya está judicializado, esclarecimos los hechos y ya se han girado detenciones. El presunto autor intelectual es un funcionario público, el alcalde de Medellín, al que desde la Fiscalía solicitamos su desafuero. Está persona está en estatus de prófugo pero ten la seguridad de que semana tras semana estamos detrás.

Al final, tras escuchar justificaciones tras justificaciones y cifras alegres, el periodista interroga de manera determinan y precisa, “sin embargo, con los datos en la mano, continúan las críticas sobre las instituciones veracruzanas” y entonces Don Ángel dice “quisiera yo revelarte una opinión, pero el fiscal debe centrarse a la verdad de su datos. Se genera una inercia por las voces que opinan, que es a lo que están expuestas las instituciones en un Estado democrático. Yo estoy encantado de que así sea pero la verdad es la que consta en los expedientes”.

Habría que corregirle al fiscal que la verdad –no es la que consta en los expedientes- es la que consignan los hechos y los resultados que se ofrecen a la sociedad, los cuales muestran una realidad adversa a la relatada por comunicador de El País.