El absurdo informe de Fernando Perera Escamilla
Magda Zayas Muñoz @magzamu
Un cuarto informe de labores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos inadmisible, que contrastó con el discurso de su titular Fernando Perera Escamilla, quien ha ejercido su labor con escasa ética y profesionalismo, supeditado a los intereses del poder ejecutivo y así con tan lamentable trayectoria, no hubo mucho que informar al respecto.
El primer error de forma y de fondo el día de ayer fue la celebración de su cuarto informe de labores en la sede del Poder Ejecutivo prácticamente acuartelado, con un acceso limitado a invitados especiales y con la presencia del tristemente Secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón.
El resto, ciudadanía civil en general, interesada en escuchar el informe tuvo que permanecer parada en los pasillos de palacio de gobierno para escuchar las cifras alegres del flamante presidente de la CEDH.
Según Perera la Comisión de Derechos Humanos, atendió este año a un total de 169 mil 813 personas, 83 mil 444 hombres y 86 mil 369 mujeres; así mismo dijo se recibieron 11 mil 512 solicitudes de intervención, de las cuales 5 mil 975 fueron orientaciones, 4 mil 138 gestorías, 372 antecedentes, 27 ayudas humanitarias, y 250 pendientes de clasificar (en proceso de integración) 493 quejas contra autoridades estatales, 117 quejas contra autoridades municipales, y 140 contra autoridades federales.
Luego dijo que se emitieron 52 resoluciones en la modalidad de recomendaciones generales, por haberse acreditado violaciones a los derechos humanos tales como integridad física y trato digno, libertad personal, legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal, inviolabilidad del domicilio, protección de la salud, medioambiente sano, derecho a la vida, derecho de petición.
Y entonces relató que de las resoluciones emitidas, 45 recomendaciones fueron aceptadas, 5 fueron rechazadas por ayuntamientos, y 2 rechazadas por autoridades estatales y así por la vía de la conciliación resolvieron 32 casos relacionados con derecho humano de petición, legalidad y seguridad jurídica, debido proceso y procuración de justicia.
Las cifras y datos entusiastas continuaron, en un contraste total con la realidad que se percibe en Veracruz donde el primero en consentir la privatización de la información fue el propio titular de Derechos Humanos al desarrollar un acontecimiento -que tendría que ser abierto al público en general- a puerta cerrada.
Bien dice el dicho, que una acción vale más que mil palabras y ello ocurrió ayer, cuando con sus hechos, Perera, dejo ver su verdadera personalidad, carente de credibilidad y es que lo más lamentable fue que, a pesar de tratarse de un organismo autónomo e independiente, el informe se desarrollará en la sede del poder ejecutivo, donde el control estuvo en manos del personal gubernamental y no de dicha comisión.
Cual más habría optado por un lugar neutral, pero al parecer a Escamilla ya no le interesa cuidar ni las formas; lo que sí es evidente, son las interminables violaciones a los derechos humanos de las víctimas directas o indirectas en Veracruz, como lo hemos relatado en diferentes publicaciones.
Los ejemplos son bastos, y se enfocan a una complicidad con las autoridades, con la única finalidad de mostrar una imagen apegada a la legalidad; el tema se agrava porque con las reformas a la Constitución Política de nuestro país de 2008 a 2011, los derechos humanos se encuentran maximizados y no respetarlos constituye una violación flagrante que permite recurrir no solo a instituciones y leyes de carácter nacional, sino internacional. Lo único que hace falta es información, que permita abrir los ojos a la sociedad ¡así las cosas en Veracruz!.