En el absurdo más estrepitoso se encuentran las declaraciones del diputado y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Francisco Garrido Sánchez, cuando asegura que cualquier servidor o exservidor público que haya cometido una irregularidad en su actuar, será sancionado en los términos que la propia legislación vigente ordena.

La anterior declaración forma parte de un mosaico permanente de una aparente fiscalización y honestidad de quienes se encargan de enjuiciar a funcionarios públicos corruptos o, bien, que han incurrido en ilícitos, pero la realidad siempre es otra, y la procedencia ante autoridades, pareciera que solo ocurre cuando se trata de personajes de partidos opositores -el resto- los del partido en el poder siempre salen bien librados, cobijados o en muchos de los casos se les permite darse a la fuga.

Ayer, durante la inauguración del Taller de Depuración de Cuentas y Actualización del Inventario enfocado a la Armonización Contable -¡bonito el nombre ¿no?, pero la realidad es otra- Garrido Sánchez comentó que es tiempo de un Veracruz sin corrupción, de gobiernos que se desempeñen sin omisiones e irregularidades, que tanto dañan y han lastimado a los veracruzanos.

¿Un Veracruz sin corrupción? ¡uff! poético deseo del diputado, que suena a tomada de pelo, más que a ignorancia o ingenuidad, porque alguien de su nivel sabe que esos discursos están carentes de credibilidad ante tanta corrupción evidente, expuesta y comprobada, de sin número de funcionarios y exfuncionarios que han transcurrido; tan solo en la actual administración los casos son muchos y algunos de ellos han sido una vez más premiados con un cargo público.

Enumerar cada uno de ellos sería interminable, apenas antier recordábamos el caso de la exvocera del gobernador y ahora presidenta de la Fundación Colosio; uno de muchos otros, es el del extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado y actual diputado, Raúl Zarrabal, quien fue prácticamente salvado y protegido y así citaríamos otros como el de Gabriel Deantes, actual secretario del Trabajo, quien sigue siendo investigado por el Gobierno Federal por supuesto desvió de recursos durante su paso por la Secretaría de Educación de Veracruz.

El propio Gerardo Buganza, involucrado en un teatro y un engaño, tras una complicidad de intereses como titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, así como el extitular del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), José Ruiz Carmona, directamente involucrado en el saqueo de la dependencia y de ahí la lista interminable -también- de presidente municipales priistas a los que jamás se les ha iniciado procedimiento administrativo alguno, mucho menos demanda civil o denuncia penal.

Ayer el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, alardeaba que seguirán teniendo su línea de independencia, autonomía y profesionalismo a favor de Veracruz, sin importar de quien se trate, ni de qué siglas partidistas sea quien haya malversado los recursos de los veracruzanos ¿usted, amable lector, le cree?.

Es insultante el manejo del discurso, cuando los ciudadanos son los primeros demandantes en la aplicación de la ley a quienes incurren en el incumplimiento de su deber, pero que más allá de ello, a quienes hacen mal uso de los recursos públicos. ¡Triste escenario con tan irresponsables diputados, que solo hablan por hablar!


@magzamu