Primero fue el dirigente nacional del
PRI, César Camacho, quien este martes
3, al refrendar el absoluto respaldo del
priismo al presidente Enrique Peña Nieto
por las medidas anunciadas ese día en
materia de transparencia y combate a la
corrupción, anunció que el partido tricolor
exigirá a sus militantes que resulten
electos a un cargo público, que antes de
asumirlos, exhiban su declaración de
intereses, de impuestos y patrimonial.
“Es un asunto de ética política, de
moral pública y un ejercicio de cara a la
sociedad”, enfatizó el dirigente priista.
Sin embargo, al día siguiente, los que
le pusieron el cascabel al gato fueron los
representantes del Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) y de
Transparencia Mexicana, los cuales,
en la sede del Senado de la República
convocaron a legisladores federales y
funcionarios del Ejecutivo a hacer públicas
sus declaraciones patrimoniales,
de intereses y de impuestos.
Además pusieron en marcha la campaña
“#3de3” para que hagan lo mismo
todos los candidatos a algún puesto de
representación popular en las próximas
elecciones.
“Lo que estamos convocando aquí es
una revolución cultural, una revolución
jurídica, una revolución en el comportamiento
individual de nuestros liderazgos
políticos, de nuestras autoridades”, afirmó
Juan Pardinas, director del IMCO,
quien puntualizó que “lo único que estamos
pidiendo es que esos intereses se
transparenten de tal manera que quede
claro cuándo el legítimo interés personal
de un individuo puede entrar en conflicto
con decisiones de política pública, ya sea
en el Congreso, ya sea en el Ejecutivo, en
la asignación de contratos”.
El anuncio se realizó en el Senado,
donde cuatro legisladores federales
fueron los primeros en subir toda su
información a la plataforma www.legisladortransparente.
mx.
Se trata de los senadores Zoé Robledo
y Laura Rojas, del PRD y PAN, respectivamente;
y de los diputados Fernando
Belaunzarán y Fernando Rodríguez
Doval, también del partido del sol azteca
y de Acción Nacional.
Robledo difundió, por ejemplo, una
detallada declaración de intereses, algo
que no hicieron la senadora Rojas o el
diputado Belaunzarán, aunque este
último informó de viajes que hizo gracias
al financiamiento de asociaciones
y organismos internacionales.
Rojas, por su parte, presentó su declaración
de impuestos completa, mientras
que Robledo solo subió el comprobante
de que hizo su declaración. Ambos legisladores
se comprometieron a impulsar
la aprobación de reformas legales que
hagan obligatoria la presentación de
estas declaraciones.
El perredista Robledo propuso
hacer obligatoria la presentación de
declaraciones de interés y la creación
de comités de ética, que las analicen y
emitan recomendaciones, mientras que
la panista Rojas apuntó que además de
impulsar el Sistema Nacional Anticorrupción
propondrá la creación de una
Ley General de Responsabilidades para
lograr que funcionarios presenten sus
declaraciones.
“Más allá de la publicidad de la declaración
patrimonial, es urgente empezar
por enumerar la obligatoriedad de su
presentación, su sistematización en todo
el país”, expuso, ya que refirió que en el
70 por ciento de los municipios los funcionarios
no presentan su declaración
patrimonial.
Y aunque el diputado Belaunzarán
aclaró que no buscan con esta iniciativa
exhibir a sus compañeros, lo cierto es que
aunque no se lo hayan propuesto así, ya
colocaron entre la espada y la pared a
otros legisladores que aspiran a gobernar
sus estados, como sería el caso de los
senadores veracruzanos Héctor Yunes
Landa y Pepe Yunes Zorrilla, del PRI,
así como de Fernando Yunes Márquez,
del PAN, quien por cierto, al igual que su
padre Miguel Ángel Yunes Linares –el
cual ya tiene amarrada la diputación
plurinominal y nuevamente busca ser
candidato del partido blanquiazul a la
gubernatura de Veracruz en 2016– ha
sido el principal crítico del exgobernador
priista Fidel Herrera Beltrán y de
la administración de Javier Duarte de
Ochoa, a los que han acusado de saqueo
y enriquecimiento ilícito.
¿Por fin sabremos a cuánto asciende
el patrimonio familiar del exdirector
general del ISSSTE así como de los
exfuncionarios duartistas que están por
contender también por una diputación
federal en los comicios de junio próximo?
Ya era hora.
Corrección
Por un lamentable descuido, en el
penúltimo párrafo del texto de esta
columna publicada este jueves 5 bajo
el título “Imprudencia”, escribimos
equivocadamente que “lo cierto es
que los votantes del distrito de Xalapa
Urbano son fáciles de manipular”,
cuando lo que en realidad quisimos
decir fue todo lo contrario, que “NO
son fáciles de manipular”, tal como lo
remarcamos con el resto del comentario:
“Al menos así lo demuestra su
reciente comportamiento electoral en
los últimos comicios federales y locales.
En 2012, por ejemplo, (…) Reynaldo
Escobar Pérez, quien contendió como
candidato del PRI a diputado federal,
fue relegado hasta el tercer lugar de la
votación a pesar de los millonarios recursos
propios y gubernamentales que
le metió a su campaña. Y los últimos dos
gobernadores, Fidel Herrera Beltrán
y Javier Duarte de Ochoa, tampoco
pudieron superar a sus adversarios en
la capital veracruzana”.
Gracias a los editores de medios impresos
y de internet que detectaron este
error y lo corrigieron oportunamente