De repente, el presidente Enrique
Peña Nieto se acordó que la
Secretaría de la Función Pública
estaba acéfala ¡desde hace más de
dos años!, y este martes 3 decidió
nombrar como titular a Virgilio
Andrade Martínez, un abogado
de 47 años de edad egresado del
ITAM, el Alma Mater de los senadores
Ernesto Cordero, del PAN,
y Pepe Yunes Zorrilla, del PRI,
así como de algunos miembros
del gabinete presidencial, entre
ellos el secretario de Hacienda,
Luis Videgaray, a quien el nuevo
encargado de la SFP, por instrucciones
del propio jefe del Ejecutivo
federal, habrá de investigarlo junto
con el mandatario y su esposa
Angélica Rivera, para determinar
si hubo o no conflictos de interés
en la adquisición de casas de la
firma Constructora Higa, propiedad
del contratista Juan Armando
Hinojosa.
Lo más sensato sería esperar a
conocer el dictamen final de la
investigación que le ha encomendado
su jefe Peña; sin embargo,
muy aparte de la duda natural
que genera el hecho de que realmente
vaya a “investigar” a fondo
a la cónyuge y al colaborador más
influyente y cercano de quien le ha
dado ya dos nombramientos en su
administración –primero como
titular de la Comisión Federal de
Mejora Regulatoria (Cofemer),
órgano administrativo desconcentrado
sectorizado a la Secretaría
de Economía, y ahora a cargo de
la SFP–, también han despertado
sospechas los orígenes, la trayectoria
profesional y hasta los vínculos
familiares de Andrade Martínez,
pues resultó ser hijo de Virgilio
Andrade Palacios, abogado defensor
del líder del sindicato petrolero
Carlos Romero Deschamps en el
lío del “Pemex-gate”, y asesor de
Ana Paula Gérard, esposa del
ex presidente Carlos Salinas de
Gortari, cuyo hermano Hipólito
Gerard es dueño de la Constructora
y Edificadora GIA, una de las
subsidiarias del consorcio chinomexicano
que se perfilaba para
construir el tren de alta velocidad
México-Querétaro con un costo
de 50 mil 820 millones de pesos,
proyecto que acaba de ser suspendido
por el recorte presupuestal
anunciado por Videgaray debido
a la caída del precio internacional
de la mezcla mexicana de petróleo.
De 2003 a 2010, el nuevo secretario
de la Función Pública fue
consejero electoral del Instituto
Federal Electoral (IFE, ahora Instituto
Nacional Electoral, INE).
A él le tocó avalar la cerradísima
y polémica elección presidencial
de 2006, cuyo triunfo –pese a la
descarada e ilegal intromisión del
presidente Vicente Fox Quesada–
le fue adjudicado por el órgano
electoral al panista Felipe Calderón
Hinojosa, quien cínicamente
reconoció que había ganado “haiga
sido, como haiga sido”.
Ahora Andrade Martínez ha
recibido la encomienda del presidente
Peña Nieto para realizar
una investigación cuyo aparente
propósito sería el de lavarle la
cara ante la opinión pública a la
desacreditada administración
del priista mexiquense, la cual
ha sido severamente cuestionada
por los medios de comunicación
más influyentes en los principales
círculos financieros y políticos de
Estados Unidos y Europa por las
presumibles prácticas corruptas
y los presuntos conflictos de interés
en los que han sido implicados
contratistas, funcionarios y familiares
muy cercanos al mandatario
mexicano.
Si la tarea que le ha sido delegada
al f lamante titular de la SFP
tuviera también algún trasfondo
electoral para intentar levantar
la decaída imagen del Presidente
y subir los bonos de los candidatos
de su partido, el PRI –tanto
de los aspirantes a diputados al
Congreso de la Unión como de
los que serán postulados este
año a las gubernaturas de nueve
entidades federativas–, habrá que
ver si la “investigación” de Virgilio
Andrade Jr. concluye antes de los
comicios federales y locales del
7 de junio próximo, y si sus conclusiones
deveras resultan ser
exhaustivas e imparciales, y, por
ende, convincentes.
De lo contrario, el descrédito del
presidente Peña y de sus colaboradores
seguirá en aumento, lo que
podría afectar hasta a los abanderados
priistas mejor posicionados
en las preferencias electorales.
Y de ello debe estar muy consciente
también el camaleónico
secretario de la Función Pública,
quien de 2003 a 2010 formó parte
del Instituto Federal Electoral en
calidad de “consejero ciudadano”,
aunque por sus venas siempre ha
corrido sangre tricolor. ¿O acaso
no fue representante suplente
del PRI ante el Consejo General
del IFE, tal como lo registra su
currículo oficial, en el que, por
cierto, figura también como asesor
en 1989 de Augusto Ponce
Coronado en la Oficialía Mayor
de la Secretaría de Gobernación,
cuando el titular de la SEGOB al
inicio del sexenio salinista era don
Fernando Gutiérrez Barrios, en
cuya administración como gobernador
de Veracruz (1986-1988)
el priista y karateca hidalguense
se desempeñó como delegado del
Comité Ejecutivo Nacional del
Revolucionario Institucional en
la entidad?