El pasado 27 de agosto, el Tribunal Colegiado en Materia Penal de Veracruz negó la libertad bajo fianza a la periodista Maryjose Gamboa Torales, al considerar las imputaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado respecto a que ella manejaba en estado de ebriedad y de ahí se han desprendido un sinnúmero de señalamientos, abunda el desconocimiento y las opiniones a la ligera sobre el tema. Lo cierto es que, del supuesto estado alcohólico no existe una prueba firme.
La también directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Boca del Río, María Josefina Gamboa, tuvo un accidente automovilístico el pasado 12 de julio en el que perdió la vida un joven y de ahí el linchamiento y la presión política fueron evidentes para no permitirle su libertad, porque se trata de una periodística critica, logrando así una revancha de quienes hoy ostentan el poder.
La ciudadanía, en su mayoría, tiene entendido que aquí el asunto ha sido por demás politizado, manoseado y ensuciado. Las violaciones a los derechos humanos de la comunicadora son más que evidentes y la insensibilidad del estado ante el riesgo que corre en el penal de Tuxpan es por demás aturdidor.
Lo más lamentable es observar a un gobierno soberbio que le apuesta al olvido y que se regocija del accidente en el que incurrido la periodista. Un gobierno que lanza discursos de respeto a derechos humanos y a la dignidad de las personas, pero por el otro los viola sin el menor de los recatos cuando se trata de opositores.
Entonces las leyes se vuelven irrespetuosas y la legalidad se convierte en un tema de política, donde no importan las normas, pero sí el autoritarismo y el abuso de autoridad.
Es suficiente con enumerar una a una las violaciones cometidas, en el debido proceso, a la dignidad de Maryjose para advertir que éste es un tema más para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que permita el monitoreo del abuso de poder que se ha cometido en contra de una periodista que ante todo es un ser humano y debe de ser tratada como tal.
Para quienes desconocen su alcance, la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959, y en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
Si en Veracruz-Boca del Río operara el nuevo sistema de justicia penal (juicios orales) tal vez otra habría sido la historia, pero a Maryjose le tocó ser juzgada con esa justicia que se esconde, que se dicta, que se ordena sin conocer a fondo la realidad de las cosas, pero lo que el gobierno de Javier Duarte está pasando por alto es que por encima de cualquier ley local, existe una Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a todo el país y que obliga a las autoridades, respeto de los derechos humanos, a prevalecer los principios de un debido proceso, por supuesto de presunción de inocencia.
Así es que aquí, se trata de violaciones interminables a la ley suprema. Desde un principio fue evidente el odio y la consigna del gobierno para evitar su libertad y este gobierno nos ha mostrado que tan visceral y anticonstitucional puede ser contra sus críticos.
Además de la protección de la constitución, Maryjose y sus abogados cuentan con los tratados internacionales en su favor, los que hoy todo juez está obligado a aplicar en beneficio de las personas. El artículo primero de nuestra Carta Magna es claro y precisa “(...) Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Pobre Veracruz con sus pobres autoridades, que conocen las leyes, pero las pisotean a su antojo por un acto de venganza. Si se respetaran los derechos humanos como se pregona, entonces Maryjose no tendría por qué estar en el penal de Tuxpan, su traslado se trata de una burla a sus derechos humanos y a su dignidad, el trato que le dan, la violencia emocional a ella y sus familiares y el daño moral que de un inicio le causaron exhibiendo fotos del accidente, de ella misma esposada y custodiada, es ofensivo.
Un sinnúmero de situaciones que han violado ya en demasía sus derechos y el debido proceso. Exaspera la crítica dañina y la burla dictada hacia la periodista, pero ¡nada dura para siempre!

@magzamu