La peor crisis política que enfrentó el gobernador Javier Duarte no fue la de la inseguridad, suscitada a finales del sexenio del presidente Felipe Calderón, entre 2011 y 2012 –cuando a la serie de asesinatos de periodistas se sumó el tiradero de 35 cadáveres en pleno bulevar “Adolfo Ruiz Cortines”, de Boca del Río–.
El verdadero aprieto fue la provocada por el llamado “Boca-gate”, un escándalo mediático que las dirigencias nacionales del PAN y PRD utilizaron, en la víspera de la elección local de julio de 2013, para chantajear en la mesa del Pacto por México al presidente Enrique Peña Nieto, lo que a punto estuvo de forzar la salida del mandatario veracruzano a un cargo menor en el gabinete presidencial: la Procuraduría Federal del Consumidor, que por esas fechas estaba acéfala, luego de la renuncia de Humberto Benítez Treviño por el escándalo protagonizado por su hija, la “Lady Profeco”.
A casi un año de este incidente, que solo derivó en el cese de Ranulfo Márquez y de otros funcionarios de la delegación federal de la Sedesol, así como la renuncia voluntaria del exalcalde boqueño, Salvador Manzur Díaz, como secretario de Finanzas y Planeación, quien finalmente optó por ponerse a disposición de la Procuraduría General de la República por los presuntos delitos electorales que se le imputaban, el gobernador Duarte de Ochoa se muestra fortalecido políticamente ante el presidente Peña, en contraste con otros mandatarios estatales, también priistas, que no han sabido superar ni encarar las crisis de seguridad que enfrentan sus entidades.
En Michoacán, por ejemplo, el gobernador Fausto Vallejo tuvo que apechugar el arribo del comisionado federal plenipotenciario Alfredo Castillo Cervantes, un abogado mexiquense muy cercano a Peña Nieto, en cuya administración estatal se desempeñó como procurador.
Y, anteayer, el Gobierno Federal lanzó un plan especial por la inseguridad en el terruño del presidente de la República. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue personalmente a anunciar la estrategia para eficientar las operaciones policiales y reducir la violencia en la entidad gobernada por el priista Eruviel Ávila, quien tuvo que remover a Rocío Alonso Ríos como secretaria de Seguridad Ciudadana del Edomex, para ceder su lugar a Damián Canales Mena, hombre de la absoluta confianza del titular de la Segob, a cuyo lado se venía desempeñando como Jefe de la División de Investigación de la Policía Federal. Anteriormente, Canales fue secretario de Seguridad Pública del estado de Hidalgo, durante el gobierno de Osorio Chong.
El titular de Gobernación dijo que este operativo permanecerá todo el sexenio presidencial y que en él participarán efectivos de la Policía Federal, PGR, Fuerzas Armadas y CISEN.
Y es que en el Estado de México se registró un aumento de 23.4 por ciento en homicidios dolosos y de 12.5 por ciento en extorsiones en el primer bimestre de 2014, según reconoció el procurador de Justicia de esa entidad, Miguel Ángel Contreras.
En enero-febrero de 2013, por ejemplo, el índice de homicidios fue de 303, mientras que en este año es de 374. Y el número de extorsiones pasó de 200 casos, en el primer bimestre del año pasado, a 225 en este.
Sin embargo, el procurador mexiquense no aludió a las cifras de violencia que últimamente se ha recrudecido en otros municipios del Edomex como Cuautitlán Izcalli, donde, por cierto, el Ayuntamiento es presidido por Héctor Karim Carvallo Delfín, hermano de Jorge Carvallo, secretario de Desarrollo Social de Veracruz.
Aunque estatalmente ya no se observan los mismos escenarios de inseguridad que prevalecían hasta hace un par de años, el gobernador Javier Duarte ha dicho que su gobierno aún no puede echar las campanas al vuelo y que tampoco debe bajar la guardia contra la delincuencia.
Y es cierto, pues por ejemplo, Veracruz sigue situándose entre las 10 entidades que concentran las tres cuartas partes de los secuestros que se denuncian en el país, aunque según el informe de víctimas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 62 por ciento de los plagios se concentra en los estados de Morelos, Michoacán, Edomex, Tamaulipas y Tabasco.
Duarte de Ochoa, a diferencia de otros gobernadores, ha sabido reaccionar y tomar decisiones enérgicas a tiempo. Con Calderón, por ejemplo, se alió con el secretario de Marina para implementar con cargo al erario estatal el programa “Veracruz Seguro”. Y ahora ha tenido que operar cambios en la Procuraduría General de Justicia del Estado y en la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), la cual estaba a cargo de… ¡Mario Delfín Domínguez, a quien en octubre de 1998 se le cesó como coordinador de la Policía Judicial del Estado en la zona de Córdoba y se le abrieron las indagatorias 1158/998, 1208/998 y 923/998 por los presuntos delitos de secuestro y extorsión!
El pasado 26 de febrero, luego de un acuerdo de Javier Duarte con el titular de la Marina Armada de México, el procurador Luis Ángel Bravo dio posesión al almirante de Infantería de Marina, Diplomado de Estado Mayor, Rogelio Gallegos Cortés, como director general de la AVI, y al vicealmirante del Cuerpo General del Estado Mayor Presidencial, Tomás Enrique Duarte, como jefe del Departamento de Investigaciones de Operación Policial.
¿Para qué esperar, pues, a que te manden un comisionado federal plenipotenciario como en Michoacán o que venga el secretario de Gobernación u otro emisario del presidente Peña, a tomar el control de los cuerpos de seguridad como ocurrió recientemente en el Estado de México y también en Tabasco?