Es cierto que administraciones municipales y estatales anteriores les dejaron muy descompuesta, en materia de seguridad pública, la ciudad de Coatzacoalcos. Pero de ninguna manera se puede justificar la forma tan omisa en que las nuevas autoridades de Morena están actuando frente a los embates de los grupos criminales que cada vez aterrorizan más a la población.

Desde diciembre pasado el alcalde Víctor Carranza ya no puede pretextar que no cuenta con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, pues ahora gobiernan Cuitláhuac García, en Veracruz, y Andrés Manuel López Obrador desde la Presidencia de la República.

Además, Carranza cuenta con el halo protector de la influyente secretaria de Energía, Rocío Nahle, su comadre.

Por eso suena absurdo que su director municipal de Protección Civil, David Esponda Cruz, haya salido a decir ayer que no sabe si el bar donde ocurrió la masacre seguía medidas de seguridad.

Pero contradictoriamente se atrevió a afirmar que la dependencia municipal a su cargo realiza las inspecciones en tiempo y forma. ¿Entonces el centro nocturno, donde el martes pasado murieron 30 personas, entre clientes y empleados –unos acribillados y otros por quemaduras y asfixiados por el fuego–, cumplía o no con las medidas de seguridad más elementales?

Pero hay otras situaciones absurdas. Una de ellas es que hasta el momento ni siquiera se sabe con certeza quién era el verdadero dueño del bar. Primero se mencionó a Agustín Javier Ronzón González, uno de los dos degollados que aparecieron en un video que circuló en redes sociales el día del ataque al “Caballo Blanco”. Sin embargo sus familiares desmintieron esa versión.

Este lunes, el gobernador informó que se reunirá con Carranza pues dijo que tiene “recomendaciones” que hacerle en cuestión de seguridad, que son de su competencia.

El alcalde ya no puede ser tan omiso y dejar que los gobiernos estatal y federal le resuelvan el problema.

El viernes pasado, ante senadores de Morena, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hizo precisamente un llamado a meter en orden a los bares y centros de entretenimiento nocturno en el país debido a que en ellos se han registrado los delitos de mayor impacto.

Sin mencionar de manera directa el caso de “El Caballo Blanco”, el funcionario dijo que estos centros operan sin control.

“Todo lo que han visto ustedes, estos actos de barbarie, de alto impacto, han sucedido en los llamados establecimientos mercantiles, que en realidad son antros, que en realidad son giros negros.

“No tienen horarios, cada municipio hace lo que quiere con su normatividad y tenemos que definir, en estas circunstancias, tal como se hace en cualquier país del mundo, tenemos que meter orden. (Tenemos) giros negros que funcionan 24 horas y ahí suceden absolutamente todo de lo que hemos visto en términos más impactantes”, enfatizó.

Por lo anterior llamó a modificar el Artículo 115 de la Constitución para establecer lineamientos en materia de Licencias de Establecimientos Mercantiles.