Ahora que la Fiscalía General de la República echó abajo el señalamiento que precipitadamente el gobernador Cuitláhuac García y el presidente López Obrador habían hecho sobre Ricardo Romero Villegas, (a) La Loca, como el supuesto autor material del atentado al bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos que hasta el momento suma 29 personas muertas, bien cabe preguntar qué pasó finalmente con las 6 mil 400 cámaras de videovigilancia que el exgobernador Miguel Ángel Yunes prometió echar a funcionar para combatir al crimen en Veracruz desde octubre de 2017.

Y es que el exmandatario panista, quien inclusive pagó por adelantado 1,200 millones de pesos a la empresa Comtelsat, tenía proyectado instalar mil 084 videocámaras precisamente en la ciudad de Coatzacoalcos, que desde entonces ya estaba asolada por los grupos criminales que comenzaron a operar con mayor impunidad desde el sexenio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán (2004-2010).

Si las fuerzas de seguridad dispusieran actualmente de esta tecnología, quizá no estarían dando palos de ciego y las máximas autoridades federales y del estado tampoco se expondrían al ridículo como lo hicieron este miércoles, cuando a priori dieron por hecho que el autor material del atentado había sido el pirómano del CJNG, quien a su vez lo negó a través de un video que grabó e hizo circular en las redes sociales.

Pero este fallido proyecto de Yunes –el cual presumió que esta tecnología era de las más modernas del mundo, pues detectaba movimientos inusuales, realizaba tareas de reconocimiento facial, así como de placas vehiculares, y vinculaba automáticamente la información con los archivos de Plataforma México– ni ha sido sancionado penalmente ni lo ha podido activar la actual administración morenista, pese a las denuncias que desde finales de 2018 han venido haciendo públicamente el gobernador Cuitláhuac García y sus secretarios de Gobierno y de Seguridad Pública, Eric Cisneros y Hugo Gutiérrez Maldonado.

Inclusive, una representante de la compañía contratista expuso por escrito el 5 de marzo pasado ante la directora general Jurídica de la SSP, Aillet García Cayetano, que a partir del 29 de enero de 2019 “de manera extraoficial se ha negado el acceso a Comtelsat al Proyecto”, deteniendo “la realización de cualquier tipo de operación respecto al mismo”, e impidiendo “actividad alguna” tendiente a su finalización.

En respuesta al expediente SSP/DG/RAC/004/2018, sobre el Procedimiento de Rescisión Administrativa del Contrato SSP-UA-111-17, celebrado el 07 de diciembre de 2017 entre el Gobierno del Estado a través de la SSP y Comtelsat para la “Adquisición, suministro, electrificación e instalación y puesta en operación de sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV en el Estado de Veracruz”, la apoderada legal de la empresa, Gabriela Montaño Zúñiga, afirmó que “aun cuando existe la intención y voluntad de solventar solicitudes respecto a necesidades que surgen, no se encuentra en posibilidad de llevarlas a cabo” porque no les habían permitido el acceso al Proyecto.

¿Así le ganarán la guerra al crimen?