Por lo menos desde hace un mes, luego de los dos juicios políticos fallidos que el grupo legislativo de Morena le había iniciado en el Congreso local, el fiscal general Jorge Winckler ha venido enfrentando una serie de situaciones que podrían desembocar ahora sí en su destitución.

Y es que desde el jueves 21 de febrero, cuando elementos de la Marina le negaron el acceso a la instalación de la mesa de seguridad en Coatzacoalcos, le debió quedar claro que su exclusión era por desconfianza, ya que en la lista de funcionarios invitados sí aparecía la fiscal regional María Isabel Hernández Cruz.

Pero después del incidente suscitado en la Zona Naval de Coatzacoalcos, donde inútilmente estuvo esperando más de una hora para que lo dejaran entrar –reclamándole inclusive al alcalde porteño Víctor Manuel Carranza, quien le explicó que dicha reunión no la había organizado él–, ahora Winckler se ha visto envuelto en otros incidentes que siguen abonando a la misma desconfianza que públicamente le han echado en cara el gobernador Cuitláhuac García y el secretario de Gobierno, Erick Cisneros.

Este miércoles, por ejemplo, la diputada federal de Morena, Carmen Medel Palma, de Minatitlán, lo desmintió por la simulada “orden de aprehensión ejecutada” en contra de Diego “N” –otro de los implicados en el crimen de su hija Valeria Cruz Medel, que según aclararía ayer en conferencia de prensa el titular de la SEGOB, ya estaba recluido desde el 20 de enero en el Cefereso de Villa Aldama tras ser capturado por elementos de la Fuerza Civil, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público federal.

Así que, con estos y otros elementos que estarían por salir a la luz, va a ser muy difícil que el abogado yunista pueda permanecer en la Fiscalía General del Estado, ya que en junio próximo, a más tardar, deberá someterse precisamente a la evaluación de control de confianza, ya que de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política federal, está obligado a cumplir con este requisito legal para continuar en el cargo.

Y es que los artículos 67 y 68 de la mencionada ley establecen que “la certificación y registro tendrán una vigencia de tres años”, y que “los servidores públicos de las Instituciones de Procuración de Justicia deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes”.

“La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en las Instituciones de Procuración de Justicia”, precisa dicho ordenamiento legal.

Winckler debió someterse a estos mismos exámenes en noviembre de 2016, cuando Miguel Ángel Yunes Linares, aún gobernador electo, lo impuso inicialmente como Visitador General de la FGE.