Después de ola de ataques a diversas bases de la Fuerza Civil y narcobloqueos en carreteras federales del centro y sur de Veracruz por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, tanto el secretario de Gobierno, Erick Cisneros, como el gobernador Cuitláhuac García, han reiterado las graves acusaciones en contra del fiscal general Jorge Winckler, a quien acusan de haber sido omiso en la ejecución de órdenes de aprehensión giradas en contra de algunos criminales.

Este martes, entrevistado en Radio Fórmula, Winckler pidió que le demuestren exactamente a qué delincuentes ha protegido, y amagó con proceder contra los funcionarios que le imputan estar coludido con el crimen organizado.

Esta nueva embestida de García Jiménez y su segundo de abordo para remover al abogado yunista de la Fiscalía General del Estado parece no tener vuelta atrás, luego de los fallidos juicios políticos que el grupo legislativo de Morena no pudo consumar a principios de febrero por falta de votos para alcanzar la mayoría calificada.

Si en Palacio de Gobierno están decididos a deshacerse de Winckler, entonces una pieza relevante en esta nueva partida será el flamante delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Gonzalo Medina Palacios, quien asumió dicho cargo el pasado primero de marzo.

Y es que este abogado, quien entre 2016 y 2017 fue fiscal de distrito en San Andrés Tuxtla y luego fue movido al de Huatusco, se sumó a Morena en 2018, formando parte del equipo de transición con el actual secretario de Gobierno, Eric Cisneros, quien inicialmente lo había colocado en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública.

Otra pieza clave sería Alain López Sánchez, alias “La Liebre”, capturado hace 15 días tras el arribo de las fuerzas federales a Coatzacoalcos. Este sicario era lugarteniente de Hernán Martínez Zavaleta, (a) “El Comandante H”, ex jefe de plaza de Los Zetas en el sur del estado, detenido a finales de junio de 2017 por agentes federales en los límites de Veracruz y Tabasco.

Hasta el día de su captura, el 4 de marzo, Winckler no había solicitado ninguna orden de aprehensión en contra de “La Liebre”, pese a que desde julio del año antepasado el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes había ofrecido una recompensa de un millón de pesos a quien informara sobre su paradero, pues era señalado como el autor material de la masacre de una familia entera, entre ellos cuatro menores de edad, ejecutados en una colonia porteña el 24 de junio de 2017.

De hecho, la detención del “Comandante H” fue coyuntural. Y es que el acribillamiento de esta humilde familia tuvo repercusión nacional porque ocurrió el mismo día que la ejecución en Ciudad Cardel del comisionado estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné, y dos oficiales más de la PF.

Hasta entonces, Martínez Zavaleta operaba libremente. Inclusive en el proceso electoral de 2016 coincidió en una comida en Cosoleacaque con Fernando Yunes Márquez, a la sazón senador e hijo del entonces candidato del PAN a la gubernatura.