Por mayoría de votos, la LXV Legislatura decidió quitar al fiscal general del estado Jorge Winkler Ortiz, dos aeronaves que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares le había asignado en pago por sus servicios.

Tras ser nombrado al inicio de la administración panista, luego de la renuncia obligada de Luis Ángel Bravo Contreras, el fiscal contó con todos los elementos necesarios para la persecución política en contra de los ex funcionarios duartistas.

Pero la suerte se le acabó. Poco a poco, lo van desmantelando, lo van desplumando. Aquella comunicación directa que tenía con el número uno, también quedó en el pasado.

Es obvio que el fiscal no sólo ha perdido el poder. También ha perdido la dignidad. A contracorriente se aferra a un cargo que ya no ejerce, que es de membrete. Pues apenas hace poco dijo que nadie contesta a través de su llamado por el “teléfono rojo” (es la línea directa entre secretarios y titulares de despacho con el gobernador).

La idea original de nombrar a un fiscal por un periodo de nueve años, no es mala. La finalidad era que los encargados de conducir las funciones de la investigación de los delitos no fueran a modo del gobernador en turno, pues prácticamente serían heredados.

Pero el objetivo falló. Luis Ángel Bravo Contreras fue afín a Javier Duarte de Ochoa; pretendía ser heredado a Miguel Ángel Yunes Linares, pero el plan fracasó y tuvo que renunciar.

Jorge Winkler Ortiz fue más que entregado a Miguel Ángel Yunes Linares. Fue lo que tanto acusaron los organismos desatendidos y actores políticos, fue “su empleado”, obedecía únicamente sus órdenes; pretendía ser heredado a Cuitláhuac García Jiménez, y debido a que no ha presentado su renuncia, saldrá por la puerta de atrás.

Desde dos frentes se está orquestando la destitución de Jorge Winkler. La primera con la reforma al artículo 33 de la Constitución Política del estado de Veracruz, con la cual el Congreso Local tiene la facultad de nombrar y remover al fiscal.

La segunda, a través del juicio político que se le ha emprendido, el cual tiene que pasar primero por el Congreso Local y luego por el Poder Judicial del Estado.

En la sesión de este jueves, no se tocó en el Congreso la destitución del fiscal, a pesar de que ya se cuenta con la mayoría de los votos de los cabildos para que se vaya Jorge Winkler. El motivo es porque no se ha publicado aún la aprobación en la Gaceta Oficial del Estado.

Tal parece indicar entonces que el fiscal será destituido a través del juicio político. Aunque será un proceso más largo, Jorge Winkler saldrá todavía más desgastado y con la posibilidad de que sea inhabilitado para ocupar un cargo hasta por una década.

Además de la Legislatura, el juicio político tiene que pasar por el Tribunal Superior de Justicia, pero el voto de Edel Álvarez Peña es más que evidente.

Para muestra, está la remoción de la jueza Alma Aleida Sosa a otra jurisdicción, la misma que dictó formal prisión a los ex funcionarios Duartistas que siguen recluidos en Pacho Viejo.

Así pues, la pregunta es ¿Dónde está la dignididad del señor Fiscal, ante tanto acoso? No hay de otra.

MUY EN CORTO

EL ROBIN HOOD MOLINA. Parece que el dirigente de la CNC en el estado, y diputado local, Juan Carlos Molina Palacios se ha convertido en una especie de justiciero de las causas difíciles entre los comuneros y el campesinado veracruzano.

Pues desde hace un buen de tiempo ha denunciado diferentes prácticas que afectan a los productores del campo. Por temporadas agarra diversos temas, como el caso del abigeato, con el que señaló la corrupción de las diferentes policías y el grave daño a la economía de los comunero

Luego acusó también a las autoridades que se prestan a la impunidad en estos delitos al no ejercer acción penal y pedir penas más severas para los responsables del mismo.

Ahora su bandera la enarbola contra el coyotaje pero acusa directamente a Liconsa como la que lo practica atentando contra productores de leche de La Joya, quienes acudieron al Congreso de Veracruz para solicitar su intervención como diputado.

Molina Palacios en su nueva faceta pidió urgente la intervención del delegado de programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para que proceda a realizar una investigación que permita trasparentar los procesos de comercialización de la empresa paraestatal.

“Hacemos una fuerte denuncia contra el personal de Liconsa de la zona de Xalapa, cuyo supervisor rechaza la leche de los productores de La Joya argumentando que no reúne las condiciones calidad que marcan las normas de la empresa”.

Ojalá que la denuncia tengo eco para que el señor Molina no se desanime pronto de sus acusaciones y siga abanderando estas causas.