Por si fuera poco las cuatro solicitudes de juicio político contra el Fiscal Jorge Winckler Ortiz que ahora parecen haber despertado otros actores sobre este personaje que se niega a dejar el cargo.

A la andanada de quejas y pifias que lo han evidenciado en torno, principalmente, a la liberación en cascada de los ex funcionarios duartistas, se le suman las voces de alcaldes incluso de su mismo partido, Acción Nacional, que reclaman su salida por ineptitud y lentitud en la aplicación de la justicia.

Este martes, Raúl Hermida Salto, alcalde de Cosamaloapan reclamó la falta de celeridad en diversas denuncias y reprochó al Fiscal no haber actuado con prontitud en al menos una denuncia por daño patrimonial de la administración municipal anterior.

La acusación es contra de su antecesora, Adriana Mass, quien habría cometido desfalco millonario a las arcas municipales y según el panista, edil de Cosamaloapan, la denuncia se interpuso hace casi un año pues se presentó desde  principios del 2018.

Apenas hace un par de días también los alcaldes del sur de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán entre otros, se pronunciaron también en contra del funcionario judicial por no procurar la impartición de justicia ni castigar los delitos que se presentan en la región y lo que ha provocado que alentada la impunidad, se haya convertido en “tierra sin Ley”.

Y es que llamó la atención que ahora ediles panistas empiecen a alzar la voz, y ya sin la “bota en el cuello” pueden reclamar y exigir justicia que tal parece ha sido condicionada o convenenciera, fue por ello que Hermida Salto detalló que desde febrero de 2018, se interpuso denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE)  contra la pasada administración por el daño patrimonial de 90 millones de pesos de la cuenta pública 2017, y a la fecha nada.

Y el alcalde que ganó con todo el apoyo del PAN,  fue directo: “Hago el llamado a Jorge Winckler Ortiz para que actué de manera pronta y expedita en la denuncia realizada en febrero de 2018, por el daño patrimonial del año 2016 por casi 89.5 millones de pesos y la del año 2017 no se ha dictaminado pero que son casi 100 millones de pesos el daño patrimonial, lo que mantiene en una crisis financiera a este municipio”.

Queda claro que ni los de casa pueden resistir la anarquía y el autoritarismo que se vivió en los largos dos años del gobierno yunista, seguramente que seguirán surgiendo más voces que fueron acalladas por la fuerza, bajo el temor o la represalia, y dejarán de estar silenciadas para exigir una real impartición de justicia.

Y en medio de la tormenta que viven los dos representantes autónomos del yunismo, Edel Alvarez Peña y Winckler Ortiz, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, ahora está prácticamente de “tapete” con el mandatario veracruzano, Cuitláhuac García, pues seguramente que no le cayó nada bien que el gobernador haya “roto relaciones” y advertido que por toda la podredumbre que está saliendo a flote, no asistiría a un desayuno con éste el próximo sábado.

“He decidido cancelar el próximo desayuno hasta que me cerciore de que no está involucrado” en referencia a Alvarez Peña, le advirtió Cuitláhuac al apodado “Cara de muela” y quien enfrenta serios señalamientos de sospechas en el manejo discrecional del millonario presupuesto en el Poder Judicial, y de cuyas anomalías pronto se darán a conocer al detalle.

OTRO DEL TSJ EMBARRADO

Como si el horno estuviera para bollos que salen a relucir más corruptelas o muy sospechosos y extraños acuerdos de quien fuera aspirante a Magistrado del Poder Judicial del Estado, Luis Alberto Martín Capistrán, por cierto y para variar, recomendado del todavía fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Y es que según esto Martín Capistrán era el encargado de gestionar y concretar convenios para cursos, conferencias o capacitación con el Poder Judicial del Estado, además diseñar los contenidos académicos. Lo que seguro le ha dado jugosos dividendos.

Quien además en la administración de Alberto Sosa Hernández como presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), durante el periodo 2011-2016, fue director de Derecho en una reconocida universidad privada asentada en la conurbación, facturó al Poder Judicial del Estado la nada despreciable cantidad de 10 millones de pesos por convenios de Maestrías, y diplomados que se impartían en aulas de la Universidad a trabajadores del Poder Judicial del Estado.

Se cree que ha abonado a las críticas contra el Poder Judicial pero no porque sea muy probo y recto en su postura, sino porque, según las versiones, le “cerraron la llave” y aseguran, habría dejado de percibir las jugosas comisiones por los convenios.

Las descalificaciones y presiones en contra del organismo no es más que la intención de reactivar los convenios y, de paso, cumplir su máximo deseo de convertirse en magistrado, de la mano del Fiscal Jorge Winckler, pero el “padrino” anda tratando de quitarse la soga del cuello, y difícilmente estará preocupado en otra cosa.