El temor que viven muchos de los funcionarios del gobierno estatal ante la llegada de la nueva transición, pero sobretodo con el Congreso de Veracruz en contra, se extiende a decenas de alcaldes del PAN que desviaron recursos para la campaña de Miguel Angel Yunes Márquez.

Ya sea por presiones del gobernador o por convicción partidista se tomaron el riesgo durante su primer año de administración y lo más seguro es que deberán pagar las consecuencias porque la fiscalización dependerá ahora del nuevo Contralor General y del Congreso como lo marca la ley para todos los entes fiscalizarles y no de quienes terminan actividades este 4 de noviembre que son de la misma “banda”.

Es decir, el Congreso y los órganos encargados de revisar el buen uso de los recursos públicos municipales y estatal ya no está controlado por Acción Nacional y a su vez, con injerencia del gobernante en turno de ascendencia panista, sino que serán independientes y en el caso del nuevo Congreso contará con mayoría de Morena.

Pero quienes de plano, aseguran, no conciliarán el sueño, serán los ediles de otros partidos que fueron presas de la desesperación de la campaña albiazul y que, a pesar de ser electos por partidos distintos a éste traicionaron las causas y creyeron en ese proyecto, por quien se dijo era coordinador general de la campaña azul, Miguel Angel Yunes.

Y es que el 3 de junio la senadora plurinominal electa, Indira San Román Rosales anunció que ocho alcaldes del PES, Morena y PT apoyaban a la campaña del PAN, sin embargo, unas horas después el edil de Huiloapan de Cuauhtémoc, José Gabriel Flores Sarabia, de Morena, dio a conocer que mal utilizaron su nombre y que se mantenía en el Movimiento Regeneración.

No ocurrió así con los de Mixtla Altamirano, Maricela Vallejo Orea; Acultzingo, René Mendel Carrera; San Andrés Tenejapan, Magdaleno Ramos Xotlanihua; Tampico Alto, Adrián Domínguez Rangel; Teocelo, Mario Antonio Chama Díaz; Oteapan, Berlín López Francisco, y Las Choapas, Miguel Ángel Tronco Gómez, quienes si mantuvieron su respaldo al hijo del gobernador.

Los ediles se entregaron por completo al PAN sin el mínimo pudor ni remordimiento en torno a las expresiones políticas que les dieron la oportunidad de participar y que le permitieron llegar a las alcaldías. De acuerdo a las versiones, las promesas fueron entre otras, más recursos, impunidad en sus cuentas públicas y futuro político en ese partido.

Al domingo siguiente, otro paquete de alcaldes del PRI, Partido Verde y MORENA convencidos por el candidato de “Por Veracruz al Frente” (PAN-PRD-MC), Miguel Ángel Yunes Márquez, hizo lo propio.

Así, se sumaron el de Xoxocotla, de Morena; Magdaleno Juárez Pérez; del PRI; Rosa García Alarcón, de Acatlán; Jesús Antonio Picazo Gutiérrez, de Coyutla; Melquiades Alarcón Caro, de Las Minas; Abel Cuevas Palmero, de Otatitlán; Guillermina Cruz Carballo, de Tancoco, y Victoria Luis Calixto, de Tlachichilco; del PVEM, Joel Molina Rojas, de Acajete; José Luis Cortés Murrieta, de Jalacingo, y Guillermo Mejía Peralta, de Nogales.

Este grupo de alcaldes que traicionaron a sus respectivos partidos que los postularon y creyeron en ellos, pero más aún a sus gobernados que les dieron la confianza, ahora se enfrentan al pánico de la orfandad política, ya que la mayoría de Morena en el Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo de ese mismo partido en el plano estatal y federal los coloca, sin duda, en incómoda posición.

La nueva tendencia del gobierno federal y estatal ha sido clara en materia de combate a la corrupción y la fiscalización de los recursos para un rendimiento de cuentas a la sociedad, por eso seguramente los pone más en qué pensar.

Y es que son factores que no caracterizan a los alcaldes que se fueron de última hora con el PAN en la pasada elección, incluso algunos saben que a partir de este año ya no contarán con protección ni complicidad.

De esta forma los ediles del PRI, Partido Verde, Morena, PES y PT que con toda facilidad mudaron de camiseta a cambio de favores especiales y personales hoy se truenan los dedos ante una inminente política de cambio que no perdonará irregularidades pero que sin duda, desde los órganos fiscalizadores, aplicará el peso de la ley.